Por segunda semana consecutiva las minas vuelven a ser noticia. Y es que la intromisión de los secretarios de Gobernación, Carlos Abascal, y Del Trabajo, Francisco Javier Salazar, en asuntos internos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos con la supuesta “destitución” de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del mismo, en una violación a la autonomía de esa organización, orilló a sus integrantes a iniciar un paro general.
En Coahuila este paro de labores generó fuertes pérdidas a empresas como Grupo Acerero del Norte (GAN) y Met-Mex Peñoles. Los quebrantos que sufrió la empresa ubicada en la zona carbonífera ascendierón a los 15 millones de dólares.
En Met-Mex Peñoles el paro culminó a las tres de la tarde, después de 40 horas de inactividad. La planta detuvo al cien por ciento sus operaciones y esperan evaluar si la maquinaria y equipo sufrió daño alguno, así como si se deterioraron las relaciones comerciales o de servicios con clientes nacionales o extranjeros y los efectos que tuvo en los 535 proveedores de la Comarca Lagunera. Hasta el momento no han sido cuantificadas las pérdidas económicas.
El paro no era reconocido por la Secretaría del Trabajo, así que las empresas recurrieran a la estrategia de no pagar sueldos, lo que obligó a los sindicalistas a volver a sus actividades productivas. La protesta tiene su origen en un problema político y de malos manejos de recursos, tan es así que La Presidencia de la República reveló que existe una investigación en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex líder minero, Napoleón Gómez Urrutia por corrupción.
La muerte de los 65 mineros en San Juan de Sabinas ha dejado una estela de consecuencias, que parece no habrán de detenerse en corto tiempo. En este contexto el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes interpuso una denuncia contra el Gobierno de México ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando “la falta de medidas satisfactorias y suficientes por parte del Gobierno, que ha propiciado con sus actos y omisiones la pérdida de vidas humanas y una grave afectación de la salud e integridad física de los mineros de México”.
A este panorama de conflicto se suma la declaración de Ramiro González Muñiz, delegado en la región C de la Procuraduría General de Justicia en Coahuila, quien no descartó la posibilidad que los responsables del accidente en la mina Pasta de Conchos sean perseguidos por el delito de homicidio culposo, en caso que se compruebe que ni la empresa ni autoridades federales resolvieron puntos de riesgos denunciados por los trabajadores.
Son muchas las implicaciones que ha dejado la tragedia de San Juan de Sabinas, sin embargo, es necesario estar atentos y que los nuevos acontecimientos noticiosos, con los tintes políticos que de ellos deriven, no nos hagan olvidar la muerte de 65 mineros para, como sociedad, exigir que se aclaren los hechos y se mejoren las condiciones de vida de estos trabajadores que bajan todos los días a las entrañas de la tierra.
