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MÉXICO, DF.- Con el retraso a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), se priva a quienes pagan impuestos de la posibilidad de protegerse contra los posibles abusos de las autoridades fiscales. El presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, Carlos Cárdenas Guzmán, lamentó que a tres meses de su aprobación la citada legislación aún no haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Recordó que la Ley Orgánica de la Prodecon fue aprobada a fines de abril pasado por el Congreso de la Unión, estableciéndose que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. "Parecería que lo que está haciendo falta es más una cuestión de forma, que es su publicación, pero si no se publica esa cuestión de forma se vuelve de fondo, porque entonces de qué sirvió que se aprobara, porque al no publicarse no entra en vigor", cuestionó. Aseguró que la Prodecon será un instrumento muy importante, porque significará la creación de la figura del "ombudsman fiscal", similar a lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En este caso, anotó, el "ombudsman fiscal" defenderá a los contribuyentes contra los actos o conductas improcedentes de autoridades y funcionarios fiscales. El propósito de la Ley Orgánica es regular la organización y funcionamiento de la Prodecon, a fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal federal mediante asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones. El presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública expuso que el nombramiento del primer procurador de la Defensa del Contribuyente deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes al inicio de vigencia de la legislación. El Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso, ratificará al procurador de entre una terna que someta a su consideración el presidente de la República y durará en su encargo cuatro años, con derecho a ser ratificado para un segundo periodo.
En breve, su constitución
El órgano de Gobierno, que deberá constituirse dentro de los siguientes 45 días hábiles a la elección del titular de la Prodecon, deberá expedir su Estatuto Orgánico a más tardar dentro de los próximos 30 días a su constitución. La Prodecon deberá operar y funcionar a más tardar dentro de los siguientes 120 días al inicio de la vigencia de la Ley. Pero, "al no haberse publicado esta Ley Orgánica se priva a los contribuyentes de la posibilidad de recurrir a un organismo independiente para que lo represente en la defensa de sus intereses contra las resoluciones improcedentes de parte de alguna autoridad fiscal federal o en contra de un abuso", enfatizó Cárdenas Guzmán. La Prodecon será un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión, y deberá prestar servicios gratuitamente bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo Los servicios estarán orientados a atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los contribuyentes por actos de las autoridades fiscales federales. Además, tendrá que representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promover a su nombre los recursos administrativos procedentes y ejercer acciones a que haya lugar. También deberá conocer e investigar las quejas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades fiscales debido a presuntas violaciones a sus derechos y en su caso, formular las recomendaciones públicas no vinculatorias respecto a la legalidad de dichas autoridades. Cárdenas Guzmán recordó que otro de los servicios previstos es recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y reclamaciones interpuestas para verificar que la actuación de la autoridad esté apegada a Derecho y así efectuar la recomendación o adopción de las medidas correctivas necesarias. Asimismo, abundó, tendrá que denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos o actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales. De igual forma, propondrá modificaciones normativas internas tanto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes, como a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre disposiciones fiscales, concluyó el especialista.
