EFE
La Paz, Bolivia.- La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) rompió ayer su alianza política con el presidente del país, Evo Morales, y le emplazó a resolver en tres días las causas del choque armado que dejó 16 muertes la semana pasada en la mina Huanuni.
El líder de Fencomin, Santos Ramírez, declaró a Radio Erbol que una reunión de cooperativistas en la ciudad de Oruro ?confirmó lo que ya había decidido el presidente? al destituir el viernes pasado al ministro de Minería, Wálter Villarroel, que representaba a ese sector en el Gabinete.
Morales, que sigue siendo líder de los sindicatos de productores de coca de la región central del Chapare, ganó la Presidencia de Bolivia en diciembre pasado con el voto de los afiliados unos 50 sindicatos y organizaciones populares, entre ellos la Fencomin, que tiene 65 mil miembros.
?A partir del momento, no tenemos nada que ver con el Gobierno?, agregó Ramírez.
El líder cooperativista anunció también el retiro de los representantes de Fencomin elegidos en las listas del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para el Congreso Nacional (en diciembre de 2005) y la Asamblea Constituyente (julio de 2006).
La reunión de los cooperativistas en Oruro también condicionó las conversaciones con el Gobierno y con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB), el rival en la disputa por la mayor mina de estaño de Bolivia, a una indemnización para los familiares de los muertos de su bando en Huanuni
?Para que empiecen las negociaciones, el Gobierno tiene que reconocer oficialmente los daños materiales de los muertos y heridos. Tiene que asumir responsabilidades?, explicó Ramírez.
Ramírez culpó al Gobierno de Morales de los 16 muertos y más de 60 heridos en el pueblo de Huanuni, porque no dio importancia al reclamo de Fencomin, que quiere participar en la explotación del cerro Posokoni, donde está asentada la empresa estatal que tiene el mismo nombre que la localidad.
Además la Confederación de Chóferes de Bolivia amenazó ayer a Morales, con una huelga nacional de 48 horas, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes, uno de los sindicatos más poderosos del país, José Luis Cardozo, advirtió del posible paro nacional el jueves y el viernes próximos si el Gobierno no anula antes una Ley que permite regularizar 60 mil vehículos que entraron en el país de contrabando.
Cardozo, que tiene a 400 dirigentes de la Confederación en huelga de hambre desde el lunes, anunció que asistirá en las próximas horas a una reunión con el Gobierno para ratificar la solicitud de anulación de esa norma.
