A 21 días de la tragedia en Pasta de Conchos, los familiares de los mineros desean enterrar los cuerpos de sus seres queridos. En medio de este anhelo se desarrolla una persecución contra un líder sindical por actos de corrupción, inédita en el sexenio de Vicente Fox.
Nadie puede oponerse a que se investigue un líder sindical acusado de malversar fondos, propiedad de los trabajadores, por un monto de 55 millones de dólares. Ya que según el Gobierno Federal, esa es la causa que motivó el desconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia como dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Curiosamente la persecución se da a pocos días después de la tragedia. La pregunta es por qué si vivimos en un Estado de Derecho, el Gobierno no actuó antes contra el líder minero y los demás dirigentes sindicales que por años han sido acusados de corrupción. La confrontación ha venido acompañada de marchas y amenazas del sector obrero de realizar un paro nacional.
Dicho enfrentamiento ha creado una cortina de humo alrededor de la tragedia. Pocos se acuerdan ya de la necesidad de realizar una investigación para deslindar responsabilidades, sin duda la empresa Industrial Minera México debe muchas explicaciones a los familiares de los trabajadores muertos, más allá del pago de una indemnización.
Actualmente la opinión pública está más interesada en la aprehensión de Napoleón Gómez Urrutia, la cortina de humo parece dar resultado, de ahí que nuestra obligación como sociedad sea el exigir una investigación hasta sus últimas consecuencias para fincar responsabilidades de una tragedia en donde murieron 65 mineros, 65 coahuilenses.
