Lo que acaeció en el rescate de rehenes en Michoacán obliga a reflexionar sobre la capacidad de las autoridades carcelarias para preservar la vida, tanto de los internos como de sus familiares, cuando hay un motín de presidiarios dispuestos a todo por alcanzar su libertad. Antes diré que, con el paso del tiempo, ha cambiado la teoría de que había que proteger las vidas de inocentes a como diera lugar cuando se encontraban en poder de sus captores. Era, de acuerdo con el criterio imperante hace décadas, dejar que los delincuentes escaparan, si era lo que pretendían, con tal de que los rehenes no sufrieran el menor daño. Eso cambió para bien o para mal. Lo más importante actualmente no es el sacrificio de inocentes si no el mantener el principio de que la autoridad no cederá al chantaje que significa el tomar civiles como garantía de que les concederán lo que pidan para escapar de su encierro. Se trata por lo común de sujetos patibularios, cuyo aspecto es repugnante y su condición aviesa, sentenciados a pasar tras los barrotes de la prisión una larga condena.
A cuatro reos, acusados de secuestro y asociación delictuosa, cuya penalidad se ha endurecido a raíz de la proliferación de estos delitos, aumentando las sanciones con el fin de que quien pretenda secuestrar sepa que le esperan largos años a la sombra, lo que lleva la intención de disuadir a los maleantes. Lo asombroso es que siendo la prisión que cuenta con mayor seguridad en Michoacán los reos utilizaron una pistola calibre 9 milímetros, una .38 super y una pavorosa 357 mágnum, ¿cómo fueron introducidas al penal?, con las que amagaron a 12 abogados, dos meritorios y un celador. Los encarcelados amenazaron con matar una a una de sus víctimas si no se les proporcionaban los medios idóneos para escapar. La nota apunta que se soltó un tiroteo lo que produjo cinco muertos. Cuatro eran abogados que prestaban servicios al Gobierno estatal en calidad de defensores de oficio. Uno era interno en el presidio. Según la versión oficial, hubo un enfrentamiento entre los propios secuestradores, en tanto que los policías, quienes ingresaron después de que se escucharon detonaciones en el área, no dispararon.
Hasta aquí lo que se sabe. Se está volviendo costumbre que internos saquen armas cuya posesión obviamente no deberían tener. La única explicación es que la corrupción hizo su aparición, desencadenando el cruento acontecimiento. ¿Qué provoca el que alguien se preste a proporcionar armas de fuego a tan peligrosos individuos? En lo que se piensa de inmediato es que hubo dinero de por medio. Ya lo relatamos, hubo cuatro muertes. Lo que hace poco creíble que no hubo disparos de la Policía, es la noticia gubernamental de que los internos amotinados se tirotearon entre sí mismos. Pero tratándose de seres humanos que perdieron la vida debe esto hacernos recapacitar en si estamos tomando las medidas oportunas para evitar que, tras los muros de nuestras cárceles, se esté o no gestando una escapatoria a sangre y fuego. Llama la atención que las notificaciones a los presos se hagan en un lugar abierto y no reja que separe a los custodios de los internos. Al principio de la información se dice que 12 defensores de oficio fueron retenidos. La pregunta que se antoja es ¿se requería una docena de defensores de oficio, para notificar una sentencia? ¿Por qué los abogados son expuestos de tal manera que pueden ser presa fácil de sujetos de tan mala catadura? La cosa curiosa es que acababa de hacerse una inspección minuciosa en el penal, sin que se percataran de la existencia de armas de fuego.
Por otra parte, ¿era la única salida?, suponiendo hayan sido las fuerzas de orden las que en realidad accionaron los percutores. Si habían tenido éxito un experto en negociación de rescates, que logró se liberará a cinco retenidos, ¿cuál era la prisa?, eso malpensando que los disparos hayan sido de afuera hacia adentro. En la mañana siguiente los alzados habían liberado a otros dos rehenes. Todo empezó apenas el viernes y tuvo su desenlace en la madrugada del sábado, 30 horas de angustia. No se sabrá que fue lo que dio lugar a que la Policía ingresara al lugar donde estaban los rehenes. Una investigación seria e imparcial practicada por una dependencia, como derechos humanos, podría aclarar ¿por qué murieron los abogados?, ¿quién o quiénes dispararon?, ¿por qué lo hicieron?. Preguntas que es de presumirse quedarán sin respuesta, porque así somos en este país. La noche del viernes arribó al penal un negociador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. ¿Quién se desesperó? De 15 rehenes para entonces quedaban sólo 8. Había elementos de la Policía Ministerial y del Grupo Antisecuestros, decenas de agentes y un helicóptero, de guardia afuera del penal esperaban elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. Un rondín de militares hacía su labor en las afueras del penal. Insisto ¿cuál era la prisa?
