Ex funcionarios de la pasada Administración afirman que el aumento al impuesto fue un error.
EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón, Coah.- Los incrementos al Impuesto Predial fueron producto de un error del Congreso del Estado, no de una disposición unilateral de la pasada Administración, señalaron Jorge Hamdan Hernández y Luz Natalia Virgil Orona, ex tesorero y ex contralora de la Administración Municipal 2003-2005.
En rueda de prensa celebrada en las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN), los ex funcionarios quienes estuvieron acompañados por la actual contralora del Ayuntamiento, María Eugenia Cázares y el presidente de dicho instituto político, Reyes Flores Hurtado, señalaron en su defensa que fue durante 2004 que el Municipio de Torreón aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2005, entre ellos los incrementos a las tablas catastrales en un siete por ciento.
Posteriormente el presupuesto se envió a la comisión de finanzas que presidía en ese entonces Salomón Juan Marcos y de la que también formaba parte María Eugenia Cázares, como parte de la fracción del PAN.
En aquella ocasión y por motivos no determinados, el presupuesto no se discutió y se aprobó el incremento y así pasó al Pleno del Congreso donde es autorizada la tabla de valores catastrales con el incremento del siete por ciento y a la que se le sumaron inexplicablemente los valores del ejercicio 2004.
Indicaron los ex funcionarios que en la publicación del diario oficial que se hizo en diciembre de 2004 -aunque llegó retrasado hasta el siete de enero del año siguiente-, al revisar el diario se percataron que éste venía con errores, donde en lugar de publicar la tabla del año 2005, publican la de 2001; misma que se ejerció en la Administración de Salomón Juan Marcos.
Desde ese momento se le hizo una solicitud de publicación de fe de erratas al Congreso y en especial al diputado Abraham Cepeda Izaguirre y al presidente de la comisión Salomón Juan Marcos, quienes en ese entonces dijeron estar en la mejor disposición de someterla a discusión y análisis, sin embrago, pasaron los días y nunca resolvieron el problema por lo que permaneció el error.
?Nosotros nos fuimos a la controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia resolvió que sí teníamos la razón, pero ya no estábamos en el tiempo legal para hacerla valer, por lo cual se quedó sin efecto nuestra demanda?.
Por lo anterior se tuvo que recalcular el impuesto predial y hacer las bonificaciones que se hicieron en los estados de cuenta que emitimos antes de concluir la Administración, disminuyendo en 70 mil cuentas, un importe de casi siete millones de pesos que se cobraron en exceso, monto que afectó al presupuesto de 2005, sin embargo, se dejó una cantidad superior a la anterior en caja para que no se afectara la gestión de José Ángel Pérez.
Por tal motivo, no hay delito qué perseguir ya que no hubo un beneficio en la recaudación. Al propio Guillermo Anaya y otros funcionarios se les cobró en exceso y tendrán su bonificación al igual que los demás ciudadanos, señalaron por último.
