EL SIGLO DE TORREÓN
SAN PEDRO, COAH.- La Policía Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión ayer por la mañana en contra de Héctor Zamarripa Mauricio, quien fuera juez penal y que durante el tiempo que permaneció en su cargo, desvió el dinero de las fianzas que depositaban los inculpados para su beneficio, ascendiendo el monto del quebranto a más de 64 mil pesos. Su cómplice se encuentra prófuga.
Fernando Adrián Olivas Jurado, delegado de la región Laguna II de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que el mandato judicial lo llevaron a cabo ayer por la mañana elementos de dicha corporación.
Héctor Zamarripa Mauricio, de 48 años de edad, domiciliado en calle Galeana No. 11 de la colonia Barrio Nuevo de esta ciudad, fue internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) a disposición de la autoridad que lo requiere.
Fue a fines de 2004 cuando el ahora juez segundo penal, Marco Antonio Soto Rodríguez, al realizar una revisión de los expedientes en el tribunal, notó el faltante correspondiente que fue recabado por concepto de los beneficios de sentencia o libertad condicional a los inculpados.
Tras reportar lo anterior al Tribunal Superior de Justicia del Estado, dichas autoridades ordenaron una inmediata investigación para dar con el paradero de los recursos faltantes así como de los probables responsables de su desaparición.
Fue así como se integró la averiguación previa correspondiente que tras las indagatorias respectivas determinaron como presunto responsable a Zamarripa Mauricio, toda vez que tras cuestionarse a los demás trabajadores del juzgado, éstos manifestaron que el juez dio órdenes para que todo el dinero recabado por sentencias o libertad condicional se le entregara a ?Jessy?, su secretaria escribiente. Con lo anterior, incurrió en violaciones al Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Sanciones
Luis Humberto Gamón Velázquez, agente adscrito al juzgado penal mesa dos, dijo que el quebranto exacto asciende a la cantidad de 64 mil 260 pesos con diez centavos y esto representa un delito agravado, por la penalidad accesoria que tiene, pues independientemente de cárcel, el ex funcionario podría ser inhabilitado hasta por diez años para ocupar cargos públicos.
Agregó que estas sanciones pueden agravarse en un tanto más, de tal manera que si la pena de cárcel es de dos a ocho años, ésta podría aumentar de cuatro a 16 años, en tanto que la inhabilitación podría ser de hasta 20 años.
Sin embargo, aclaró que en ambos casos, el inculpado tiene derecho de libertad bajo fianza.
Prófuga
Relacionada con este delito de peculado, también se encuentra la secretaria escribiente del ex juzgador, a quien todos conocen como ?Jessy?.
*Su nombre es María de Jesús Botello Ayala, de 26 años.
*Ella vive en avenida Segunda No. 63 de la colonia Trinidad de esta ciudad.
FUENTE: Procuraduría General de Justicia del Estado, Laguna II
