EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Son ?patadas de ahogado? las de el ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya, al trasladar al plano político lo que eminentemente es un serio problema legal que enfrenta por haber cobrado arbitrariamente el Impuesto Predial de 2005 por casi siete millones de pesos en perjuicio de miles de torreonenses, dice el ahora secretario de Fomento Económico, Salomón Juan Marcos Issa.
Y señala que no sabe si podría ir a la cárcel o pueda ser inhabilitado de acuerdo a lo que marca el Artículo 207 del Código Penal del Estado de Coahuila, pues una decisión al respecto corresponderá a los integrantes de la 57 Legislatura que la semana pasada fueron notificados oficialmente.
Desde su perspectiva, lo que Anaya debe hacer es asumir la responsabilidad que le atribuyó el fallo en contra emitido el pasado mes de diciembre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la controversia constitucional presentada por él y su Cabildo en abril de 2005 y luego de haber cobrado el Impuesto Predial durante enero y febrero con alzas de hasta mil por ciento, que significó un duro golpe para la economía de propietarios de predios a los que ni siquiera se les hicieron los deslindes.
El ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya y candidato a senador por el Partido Acción Nacional (PAN), declaró en Saltillo que es el actual secretario de Fomento Económico, Salomón Juan Marcos Issa, quien realmente debe rendir cuentas a los torreonenses, ya que durante su administración como alcalde aplicó cobros irregulares en el Impuesto Predial.
No obstante que se defiende al acusar a Salomón Juan Marcos, admite que ?durante su etapa como presidente municipal incurrió en errores en la aplicación del Impuesto Predial?.
Se justifica sin embargo al informar que le heredó al actual Gobierno Municipal 12 millones de pesos para ?reparar el daño.?
El Congreso del Estado fue notificado la semana pasada que de acuerdo a la Controversia Constitucional 27/2005 presentada por el síndico y el tesorero del Municipio de Torreón contra el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, se reconoce la validez del acuerdo del 28 de febrero de 2005 del Congreso del Estado y se considera infundada esta controversia del Municipio.
El Gobierno de Guillermo Anaya cobró el Impuesto Predial con tablas muy diferentes a las autorizadas por el Congreso del Estado que fueron de sólo un siete por ciento y además violó la Ley Estatal del Catastro que es muy específica en cuanto a las notificaciones personales y en forma previa que deben recibir los contribuyentes cuando se modifican sus valores catastrales, es decir, que tienen que pagar más Impuesto Predial, lo cual es grave.
Del por qué el coordinador de la Comisión de Finanzas de la anterior Legislatura y posteriormente presidente de la Junta de Gobierno no había informado sobre esta controversia constitucional interpuesta por el Gobierno de Guillermo Anaya el año pasado, dice Salomón Juan Marcos que se esperaba la resolución de la Controversia Constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia.
Tan seria es esta situación desde el punto de vista legal, que las cuentas públicas de 2005 no le fueron aprobadas al Municipio de Torreón.
Afirma que no es su intención mantenerle el matiz político a este señalamiento de Guillermo Anaya pero señala que otra prueba de que el panista quiso curarse en salud, fue haber anunciado el 23 de diciembre de 2005 que se regresarían los cobros ?irregulares? que se hicieron a los contribuyentes del Impuesto Predial, por más de seis millones 700 mil pesos y lo que dijo entonces fue que se había equivocado el sistema de fotografía satelital.
Resolución
Resolución correspondiente a la Controversia constitucional 27/2005.
· El Municipio de Torreón, solicitó al Congreso del Estado la publicación de una fe de erratas a la publicación del Periódico Oficial del Estado 31/12/04 en cuanto a la publicación de las tablas de valores catastrales, Suelo y Construcción.
· La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró improcedente la Controversia Constitucio-nal.
FUENTE: Resolución de la SCJN
