EL UNIVERSAL-AEE
MÉXICO, DF.- La Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, con otras nueve dependencias federales, comenzaron a distribuir entre la burocracia un folleto para advertir a los funcionarios públicos sobre las sanciones a que se enfrentan si incurren en delitos electorales.
Con la entrega de 20 mil ejemplares del ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones, se pretende alertar al personal sobre las responsabilidades administrativas y los delitos electorales en que pueden incurrir si son sorprendidos utilizando los recursos públicos a favor de algún candidato con miras a las elecciones del seis de julio.
El texto es apoyado por las secretarías de la Función Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Economía, Desarrollo Social, del Trabajo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, Educación Pública y de Salud. En él se advierte que las prácticas más comunes de delitos electorales al interior del Gobierno, involucran a mandos superiores que obligan a sus funcionarios a votar por un candidato o partido político determinados.
También, se señala que otro de los delitos más recurrentes es el condicionamiento de servicios públicos a los ciudadanos para que voten por un candidato específico, o se restringen programas sociales federales (sobre todo Oportunidades, Procampo, Hábitat, Microrregiones, Empleo Temporal, Desarrollo Forestal y Becas) a las regiones marginadas, si no se apoya a un aspirante político en particular.
?En estos tiempos electorales -señala el folleto de 40 páginas- los servidores públicos corremos mayor riesgo de utilizar indebidamente los recursos financieros, materiales y humanos que, por razones de nuestro cargo, se nos han confiado para apoyar campañas político-electorales, ya sea por presiones de otros servidores públicos o por nuestras propias convicciones y preferencias político-partidistas?.
Se indica que quien obligue a sus subordinados a emitir sus votos a favor de un partido o candidato, recibirá una sanción de 200 a 400 días de salario mínimo vigente por concepto de multa, y prisión de uno a nueve años.
Esa sanción también va a quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas, o la realización de obras públicas, para que también se vote a favor de un aspirante, e igual castigo recibirán quienes destinen fondos o usen muebles, vehículos o equipos para apoyar a un partido político.
