Acepta juez demanda interpuesta por la ?Fundación Frontera Electrónica?, que cuestiona el programa de espionaje telefónico del Gobierno estadounidense.
EFE
Washington D.C.-Un juez federal aceptó hoy una demanda que cuestiona el programa de espionaje interno del Gobierno de EU y rechazó su afirmación de que, de seguir adelante con este caso, se podrían revelar secretos y obstaculizar la guerra contra el terrorismo.
Al rechazar el argumento contra la demanda, el magistrado rechazó el derecho alegado por el Gobierno a lo que calificó como ?privilegio de derechos de Estado? en la aplicación de ese programa de escuchas de las comunicaciones internacionales de presuntos terroristas.
En el primer dictamen judicial sobre ese privilegio emitido en San Francisco (California), el juez Vaughan Walker dijo que los informes sobre las escuchas telefónicas realizadas por agentes federales han tenido tanta difusión que no habría peligro de que se revelaran secretos.
?Nada de lo que hay en este litigio podría considerarse un secreto dado que los medios de información han dado a conocer el programa de manera amplia?, dijo el magistrado.
Walker añadió que tampoco estaba de acuerdo en que dar lugar a la demanda pudiera amenazar la seguridad nacional.
La acción judicial fue presentada por el grupo privado ?Fundación Frontera Electrónica? que acusó al Gobierno y a empresas telefónicas, entre ellas AT&T, de interceptar ilegalmente las comunicaciones de los estadounidenses sin la necesaria orden judicial.
?Establecer un compromiso entre libertad y seguridad es difícil, pero rechazar este caso desde la partida supondría sacrificar la libertad sin ningún beneficio aparente para la seguridad?, dijo Walker al explicar su decisión.
Por otra parte, el juez dijo que AT&T no se podía excluir de la demanda porque ?es increíble que una entidad razonable en su posición haya podido pensar que el programa fuese legal?.
El Gobierno del presidente George W. Bush había planteado que la divulgación de detalles sobre una presunta alianza con AT&T para espiar a los estadounidenses pondría en peligro a los empleados y las instalaciones de la empresa y permitiría que los terroristas pudieran comunicarse ?con mayor seguridad?.
En diciembre del año pasado el presidente Bush confirmó que la Agencia Nacional de Seguridad había espiado sin orden judicial las llamadas telefónicas y los correos electrónicos dirigidos desde EU a presuntos miembros de Al Qaeda.
El Gobierno insiste en que ese programa es legal y necesario en la lucha contra el terrorismo.
