EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Mónica Jaimes Reyes, presidenta de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), A.C., denunció que la entrada ilegal de cerca de un millón de autos usados al país en lo que va del año ha generado una caída del 57 por ciento de las ventas, en el primer semestre del año, así como el cierre de 36 distribuidores afiliados.
En su visita realizada a esta ciudad para dialogar con socios de La Laguna, Jaimes Reyes dijo que se busca tener un acercamiento con los afiliados para conocer el problema y hacer planteamientos a nivel nacional que ayuden a resolver el conflicto.
Destacó que pocos ven que al comprar una unidad usada e ilegal dañan de manera sensible la economía nacional, tanto en empleos, impuestos y producción de autos nuevos. Indicó que ?al comprar un auto usado o nuevo nacional ayudan a generar fuentes de trabajo?,
La presidenta de ANCA sostuvo que los efectos no sólo afectan las ventas, sino también el cierre de agencias de distribución afiliadas, reportando a la fecha el cierre de 36 en todo el país. Sin buscar señalar a una autoridad en particular, Jaimes Reyes que trabajarán en una campaña para que la población tome conciencia, con el fin que conozcan los efectos de la compra de unidades ilegales, así como los problemas que están adquiriendo al momento de no encontrar refacciones o por ser vehículos muy contaminantes, con un mayor kilometraje.
La estimación de ANCA es la entrada de un millón de vehículos en forma ilegal al país, actividad ilícita que es respaldada por distintas organizaciones sociales. Con un total de mil 497 socios, la presidenta de ANCA declaró que ?ya contemplan tener un acercamiento con el presidente electo para hacerle planteamientos al respecto?.
En cuanto a La Laguna, declaró que la problemática que enfrentan es muy similar a la de otros estados de la parte norte del país. Dijo que a diferencia con el Distrito Federal, en la Comarca Lagunera circulan unidades ilegales sin placas, lo cual representa un mayor riesgo para los automovilistas ante cualquier accidente.
Por su parte, Jorge Luis Holguín, presidente de la Asociación Lagunera de Comerciantes de Automóviles, manifestó que la entrada de vehículos ilegales al país afecta mucho más a Coahuila, particularmente en Ramos Arizpe operan dos plantas automotrices (General Motors y Chrysler), por lo que los efectos en empleo y derrama económica son mucho más sensibles a otras entidades que no tienen una vocación automotriz.
Haciendo mención que se logró el respaldo del gobernador, Enrique Martínez, mediante la instalación de retenes en municipios, declaró que el mismo planteamiento se dará con la nueva Administración estatal, buscando no afectar a las plantas automotrices ni la cadena de proveedores.
