País en vilo es hoy nuestro país. Malos mexicanos lo tienen en la zozobra y la inquietud. Por causa de ellos México es también ahora un país vejado. Lo lastiman y agravian las acciones de quienes por encima del bien de la Nación ponen sus mezquinos provechos, sus venganzas inútiles, su ciega cerrazón. La conducta de Andrés Manuel López Obrador es ya un caso patológico. Movería a risa este político si no fuera por su capacidad para inducir a otros a error y manipularlos a su conveniencia. Por su parte los extremistas del PRD son hombres y mujeres violentos, sordos a la razón y negados a toda ética política. Sus manifestaciones son únicamente el desahogo de una estéril rabia, pero con ellas hacen daño a este país, pues lo exhiben a la mirada del mundo como un pueblo en atraso incapaz de dirimir sus diferencias por la vía del ejercicio democrático. Y México no es eso. El esfuerzo de mucha gente hizo posible que hace seis años saliéramos -sin derramar una gota de sangre- del largo período de dominación autoritaria de un solo partido. Los procesos electorales, antes una farsa montada por el poder estatal, son ahora organizados y llevados a cabo por los ciudadanos. La reciente elección presidencial se cumplió en orden y paz, y fue objeto de escrutinio por los propios partidos, por una prensa vigilante y por observadores extranjeros. A pesar del estrecho margen de votos que separó al candidato ganador del perdedor, lo cierto es que éste no pudo demostrar la existencia de un fraude maquinado. Aun su propio partido reconoció ya que fueron los errores personales de ese candidato los que originaron su derrota. Existe un fallo judicial del cual derivó una verdad jurídica con validez de hecho y de derecho, verdad que no admite ya impugnaciones y a la cual todos nos debemos sujetar. Ahora bien: al rendir su protesta los diputados y senadores perredistas juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Están obligados, por lo tanto, a respetar el dictamen que declaró Presidente de México a Felipe Calderón. Si este día López Obrador, con las turbas que maneja, promueve alguna acción para impedir que el Presidente electo rinda la protesta de ley, estará haciendo algo más que agitar: estará intentando un golpe de Estado. Decir eso no es extremar las cosas ni incurrir en melodramatismos. Es señalar el alcance preciso de la intención de un individuo que no puede aun asimilar su vencimiento y que hace víctima de su frustración a todo el país, cuyos habitantes en su inmensa mayoría lo repudian ya, condenan acremente sus procedimientos y hasta lo tildan de estar cayendo en lo demencial. Igual puede decirse de los extremistas del PRD y sus aláteres de los otros partiditos: en caso de estorbar hoy que se cumpla el protocolo republicano determinado por la Constitución, también ellos serán golpistas. Si se actuara con recta energía y con apego estricto a la legalidad se les podría abrir juicio político, y aun solicitar a la autoridad electoral el retiro del registro del PRD y sus congéneres, por incitar a la violencia y al desconocimiento de la ley y las instituciones. Decir esto tampoco es exageración: es recoger la voz de la inmensa mayoría de los mexicanos, que demandan se ponga freno ya a la conducta violenta, irracional y estéril de una oposición antidemocrática. Todo esto es fruto, lo sabemos, de pasadas incapacidades. Durante los últimos seis años hubo debilidad en el ejercicio de la autoridad, y falta de capacidad política. Ahora se debe restituir la legalidad y actuar con mano firme. Por eso, si fuera yo quien llegara este día a la Presidencia, rezaría la oración siguiente: "Señor de la bondad y el buen consejo: / te pido con fervor y devoción / que me quites un poco lo pen... / y me aumentes bastante lo ca...". FIN.
