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Bogotá, COLOMBIA.- El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien iniciará mañanañ lunes un segundo mandato de cuatro años, tendrá como reto recuperar el control de las zonas del país donde la insurgencia tiene presencia armada, afirmaron politólogos locales.
Los analistas León Valencia y Alejo Vargas consideraron que el segundo Gobierno de Uribe Vélez deberá esforzarse por conquistar el control territorial de los ?santuarios? de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Valencia, sin embargo, consideró que el Ejecutivo enfrentará dificultades en la consecución de esta meta, porque ?Uribe ya hizo lo máximo que podía hacer y veo que tiene limitaciones presupuestales para seguir un ritmo de crecimiento de la fuerza pública?.
En su primer mandato, que dio inicio en agosto de 2002, el gobernante aumentó en 91 mil los efectivos, con lo que el pie de fuerza llegó a 370 mil hombres, según un reciente informe oficial. Con el incremento en el número de efectivos, se logró de manera progresiva recuperar la presencia del Estado en 168 municipios del país, según cifras que entregó el Gobierno al Congreso.
Valencia previó que en el nuevo periodo que se avecina, Uribe Vélez tendrá dificultades para financiar su férrea estrategia contrainsurgente ?no sólo por falta de presupuesto, sino por las limitaciones en la ayuda estadounidense?.
?Es muy difícil que Estados Unidos (principal aliado de Colombia en la guerra contrainsurgente) pueda aumentar la ayuda, cuando está mirando a otra parte del mundo, como el Oriente Medio?, acotó el politólogo y miembro de la Corporación Nuevo Arcoiris.
Washington ha entregado a Colombia más de tres mil millones de dólares en apoyo a la lucha contra las drogas y la insurgencia, la mayoría representados en equipos y asesoría a las tropas que combaten a la guerrilla en las zonas donde se cultiva la coca.
Consciente de la necesidad de conseguir más fondos para mantener su férrea estrategia militar, el Gobierno se propone crear un impuesto especial para fortalecer su guerra frontal contra las FARC, que denomina ?Política de Seguridad Democrática?.
El nuevo tributo se cobraría a los sectores más pudientes y se destinaría a la renovación del equipo militar, según lo anunció en julio pasado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Vargas, académico de la Universidad Nacional de Colombia, coincidió con Valencia en que a pesar del aumento del pie de fuerza, el Estado sigue sin controlar la totalidad del territorio nacional.
?El Estado cuenta con una fuerza pública fortalecida, pero que no ha logrado ni el monopolio del control territorial ni de la coerción legítima?, sostuvo el experto en temas de paz.
Ambos analistas sostuvieron que aunque el Estado ha retomado varias zonas controladas por las FARC, aún está lejos de derrotar a la principal guerrilla activa del país, la cual sigue en las selvas y con su estructura de mando intacta.
Colombia arrastra un conflicto armado de 41 años, que el Estado no reconoce como tal, en el que intervienen rebeldes de izquierda, paramilitares de ultraderecha y el Ejército, cuya confrontación ha dejado más de 100 mil muertos, la mayoría civiles.
