EL PAÍS
QUITO, ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, declaró ayer miércoles por segunda vez en lo que va de mes, el estado de excepción, en cinco de las provincias paralizadas por los múltiples bloqueos y marchas de las organizaciones indígenas, que se oponen al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya ultima ronda de negociaciones acaba de iniciarse en Washington. El enardecimiento de la huelga amenaza con desestabilizar los cimientos de su frágil Gobierno. El ministro del Interior, Felipe Vega, aseguró que las medidas limitan algunas “garantías constitucionales”.
Esta es la segunda vez, en poco más de un mes que el mandatario adopta esta medida ante las protestas de miles de personas de varios grupos sociales que se han lanzado a las calles en los últimos diez días para pedir su renuncia. La primera ocasión lo hizo a principios de marzo en las provincias amazónicas petroleras de Napo, Sucumbíos y Orellana por la huelga de dos mil trabajadores del sector, que ocasionó millonarias perdidas económicas.
El ministro de Gobierno, Felipe Vega, anunció en rueda de prensa, que el estado de excepción “limita algunas garantías constitucionales”. Según el ministro, el decreto “prohíbe una serie de actividades como reuniones públicas”, entre otros derechos civiles, y además ha advertido que será el mando militar respectivo el que “tome las previsiones para abrir las vías, para devolver la tranquilidad, la paz a la ciudadanía y evitar enfrentamientos”. La medida se aplicará en las provincias de Tungurahua, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi y Cañar, así como en algunos cantones de Pichincha, cuya capital es Quito.
El objetivo es “garantizar el libre tránsito” de personas por el territorio nacional, como establece la Constitución, dijo el funcionario, quien aseguró que la medida ha sido adoptada por el jefe de Estado, tras “agotar” todas las posibilidades para disuadir a los indígenas a que pongan fin a su protesta. Por su parte, Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha amenazado con radicalizar el levantamiento hasta que el Gobierno suspenda dichas negociaciones, pues considera que ese tipo de convenios arruina a las naciones pobres, como Ecuador y beneficia exclusivamente a las poderosas como Estados Unidos.
Calificó además como una cobardía la declaratoria de emergencia, decidida por el jefe de Estado. “Es terrible. Para nosotros, esta es una total equivocación del Gobierno”, dijo Macas, quien insistió que pese a la emergencia, la movilización se mantendrá en todas las provincias aunque se temen posibles confrontaciones con la Fuerza pública.
