EL UNIVERSAL-AEE
WASHINGTON, EU.- El procurador de Justicia Alberto Gonzáles aseguró al Congreso la legalidad del espionaje doméstico a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su siglas en inglés) y sostuvo que es una herramienta “vital” que debe continuar.
Gonzáles compareció ante miembros escépticos del Comité Judicial del Senado luego que su presidente, el republicano de Pensylvania Arlen Specter, sugirió que el Gobierno del presidente George W. Bush violó la Ley de Inteligencia para Vigilancia Foránea (FISA, por sus siglas en inglés) de 1978.
“El programa de vigilancia terrorista es legal en todos sentidos (...) el presidente está actuando con base en la autoridad que tiene de la Constitución y por los estatutos ”, dijo Gonzáles quien tuvo el privilegio de testificar sin juramento.
Explicó que el programa sólo intercepta comunicaciones internacionales, sólo se pone en marcha por recomendación de un experto de la NSA, mantiene salvaguardas de privacidad y cada aspecto es revisados por expertos de la agencia de inteligencia.
En su testimonio, el procurador justificó que muchos presidentes de Estados Unidos han usado la vigilancia sin orden judicial en épocas de guerra.
Gonzáles ejemplificó que el general George Washington autorizó interceptar las cartas de los británicos; Abraham Lincoln hizo lo mismo con los telégrafos en la Guerra Civil y Woodrow Wilson ordenó revisar las llamadas y telegramas dirigidos fuera de Estados Unidos.
“Nuestro más limitado programa de vigilancia terrorista satisface (...) los razonables requerimientos de la Cuarta Enmienda”, añadió Gonzáles y aclaró que sólo se aplica a individuos sospechosos de pertenecer a la red Al Qaeda u otros grupos terroristas.
Bush autorizó en 2002 intervenir llamadas telefónicas y correos electrónicos con origen o destino a Estados Unidos sin permiso judicial de miles de estadounidenses. La “orden ejecutiva” fue dada de forma secreta a NSA después de los atentados de septiembre de 2001.
Aunque en un principio el programa no fue confirmado ni desmentido por la Casa Blanca, el propio presidente estadounidense confirmó su existencia cuando lo defendió como una herramienta en la lucha contra el terrorismo.
Legisladores demócratas y republicanos han externado no obstante extrañeza por la decisión de la Administración Bush de no recurrir a FISA para realizar el programa.
Bajo la legislación vigente, el Gobierno Federal estadounidense puede llevar a cabo espionaje sobre extranjeros a través de FISA, pero se requiere de la aprobación de un panel especial de magistrados.
