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SAO PAULO, BRASIL.- Las sospechas de que hubo una matanza de supuestos criminales se acumulaban ayer miércoles al subir en espiral el número de muertos hasta 155, de un día para otro, para frenar la violencia que estalló hace cinco días, la cifra más elevada en la historia de Sao Paulo.
El número de supuestos criminales muertos en combate con las autoridades saltó de 71 a 93 en las últimas 24 horas, de acuerdo con un comunicado de la Policía divulgado por correo electrónico.
Las autoridades, sin embargo, no ofrecieron detalles de cómo ocurrieron esas muertes. Ningún otro policía ha resultado muerto ni herido durante las últimas horas.
Con las 93 muertes en supuestos enfrentamientos, el total de víctimas desde el viernes y hasta ayer miércoles se elevó a 155, incluyendo 40 agentes policiales y cuatro civiles. Separadamente, las autoridades penitenciarias han dado cuenta de la muerte de al menos 18 reclusos, la mayoría de ellos el domingo en distintas revueltas carcelarias.
Para el comandante de la Policía militar de Sao Paulo, coronel Elizeu Eclair, los brotes de violencia de la madrugada del miércoles, como disparos a casas de policías, ya no hacen parte de la ola de atentados de la poderosa banda Primer Comando de la Capital (PCC).
Esos nuevos incidentes son obra de ?surfistas delincuentes que están aprovechando la oportunidad?, dijo el oficial. Esos disparos, por ejemplo a residencias de policías, ?estamos viendo que no tienen nada que ver con una organización criminal? como el PCC.
Eclair no dio detalles de los últimos sucesos ni comentó el creciente número de personas supuestamente muertas en combates.
Pero para los defensores de los derechos humanos, la espiral de víctimas parecía cuestionar la manera en que la Policía habría actuado.
El director del Centro de Estudios contra la Violencia de la Universidad de Sao Paulo, Sergio Adorno, afirmó que ?la arbitrariedad anda suelta...y el circuito de la venganza es la peor política de seguridad pública?.
?Una parte de la Policía cree que está en guerra y que eliminar al enemigo es legítimo. No lo es?, añadió Adorno en entreviste telefónica.
Atribuye Lula desórdenes a viejos gobiernos
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, atribuyó ayer la ola de violencia que ha estremecido a Sao Paulo a los gobiernos anteriores, que en su opinión no hicieron las inversiones suficientes en el área de educación.
?Si se hubiese invertido en educación en los años 70, 80 y 90, ciertamente muchas de esos jóvenes que hoy están presos estarían trabajando, dando clases o estudiando?, afirmó Lula en la ciudad de Ceres, a unos 200 kilómetros de Brasilia.
Lula criticó además a quienes han propuesto endurecer las penas para ponerle fin a la violencia.
?Cuando ocurre una desgracia de éstas, comienza todo el mundo a decir que tiene la solución en el bolsillo y se habla de pena de muerte y otras medidas, declaró.
En tono electoral, al parecer con vistas a las presidenciales de octubre próximo, añadió que ?no todo puede ser resuelto en cuatro años (de mandato)? y dijo que su Gobierno ?debe ser mejor que todos los que lo antecedieron?, incluso en el combate a la violencia.
CONTRAATACA SENADO AL CRIMEN
El Senado brasileño aprobó hoy 11 proyectos de Ley destinados a combatir la violencia, entre ellos uno que permite aislar a los presos hasta por cuatro años, en su primera respuesta a los ataques lanzados por una mafia carcelaria en Sao Paulo que dejaron al menos 132 muertos en los últimos cinco días.
Los proyectos fueron aprobados en régimen de emergencia y votación definitiva por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, por lo que irán automáticamente a estudio de la Cámara de Diputados sin necesidad de que sean votados por el plenario.
Las medidas eran discutidas desde hacía varios meses pero habían avanzado poco y fueron rescatadas ante la decisión del Senado de dar una respuesta enérgica a los ataques ordenados por la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) en Sao Paulo.
Entre los proyectos de Ley aprobados figura uno propuesto por el senador conservador Demóstenes Torres que instituye el régimen disciplinario diferenciado de seguridad máxima para presos vinculados a organizaciones criminales.
La medida, que había sido rechazada por la Cámara de Diputados en 2003, amplía a 720 días, prorrogables por otros 720, el plazo en que un preso puede ser recluido en celda individual y aislado totalmente de sus compañeros.
