El Siglo de Torreón
TORREÓN, COAH.- Con el dictamen de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Iniciativa Privada dará por terminado el asunto técnico en torno al Distribuidor Vial Revolución (DVR), que exigirá las reparaciones correspondientes y el deslinde legal de responsabilidades.
Víctor Alducin Flores, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), afirma que ni la ciudadanía ni los Gobiernos tanto estatal como municipal tienen porqué pagar las reparaciones que requiera el DVR, sino las constructoras, pues la situación actual de la obra es consecuencia de los errores en su construcción.
Sin embargo, refiere que la Iniciativa Privada esperará a que Eduardo Olmos Castro, secretario de Urbanismo y Obras Públicas, presente el dictamen de la UANL: ?que se haga lo necesario pero que no le cueste al Estado, ojalá que el gobernador utilice los procedimientos necesarios para buscar responsabilidades de los defectos que tuvo el DVR, en conformidad con los resultados del estudio?.
Los empresarios piden un dictamen completo donde se analice toda la obra en conjunto y ?que se haga lo que se tenga que hacer, y que tiren lo que tengan que tirar?. Fernando Royo Díaz Rivera, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), demanda que las autoridades estatales expongan la situación del DVR con transparencia y veracidad a la sociedad.
?Que digan exactamente qué es lo que tiene el puente?, exige. El sector empresarial pide que se lleve a cabo un deslinde de responsabilidades, y que las autoridades no se coludan con las constructoras, como sucedió en el sexenio de Enrique Martínez y Martínez, donde la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, a cargo de Jorge Viesca Martínez, las defendió a ultranza.
?Que hagan lo que tengan que hacer y que lo pague quien lo tenga que pagar, que definitivamente no es la sociedad?, precisa el titular de la Coparmex. En cuanto al dictamen de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los empresarios coinciden en que el estudio estuvo viciado desde el principio, dado que sólo se tomó en cuenta la información que brindó el Gobierno de Coahuila.
El presidente del CLIP señala que este será el tercer estudio en cuanto a la situación del DVR, pues también se realizó un dictamen del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, que abordaba la necesidad de demoler parte de la obra, por lo que ya no es necesario una cuarta y quinta opinión, sino que las autoridades deben actuar conforme a la información que le brindaron los estudios.