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Demandan investigar la identidad de salvadoreña que está en el INM

Luis Alberto Morales Cortés

EL SIGLO DE TORREÓN

TORREÓN, COAH.- Que las autoridades federales y municipales investiguen a fondo la identidad de la joven salvadoreña menor de 15 años que se encuentra a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), demanda el dueño de una sala de masajes.

Manuel Barrera Chávez, quien enfrenta un proceso penal por una denuncia interpuesta por Saira de 15 años, aseguró que cuando contrató a la joven le mostró documentos que la acreditaban como Elisa Lucas, por lo cual piensa que no incurrió en irregularidades.

El sujeto señala que la joven acusadora contaba con una credencial expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE) y su acta de nacimiento se elaboró en el estado de Oaxaca.

También dice que con los mismos documentos tramitó la joven una licencia sanitaria en el área de Prevención Social del Ayuntamiento con la que estuvo trabajando algunas semanas.

Por su cuenta, Barrera Chávez asegura que ha investigado a la parte acusadora y dijo que la joven no proporcionó a las autoridades su nombre verdadero y que en San Salvador la conocen como Kimberly.

Para el quejoso es preocupante que las autoridades atiendan los dichos de una persona extranjera que no ha acreditado cabalmente su identidad y según mencionó que ahora trata de hacerse pasar como víctima.

Antecedentes

Los comentarios de Manuel Barrera obedecen a la denuncia penal que interpuso el Instituto Nacional de Migración (INM) ante el Ministerio Público por el probable abuso sexual que sufrió la joven Saira de 15 años durante varias semanas que trabajó para una sala de masajes.

La joven dijo en su momento que se presentó en el lugar para solicitar trabajo pero que luego la tuvieron encerrada y después la obligaron a prostituirse, hasta que logró escapar en febrero de 2006.

El pasado dos de mayo la joven fue presentada ante los medios masivos de comunicación luego de permanecer más de dos meses encerrada en la estación migratoria del INM y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ya conoce de su caso.

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