El Siglo de Torreón
SALTILLO, Coah.- Algunas de las 13 mujeres violadas y golpeadas por militares en la zona de tolerancia de Castaños, han sido víctimas de amenazas de muerte de parte de personas desconocidas que las han llamado por teléfono o han enviado recados anónimos a sus domicilios, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, a quien las agredidas solicitaron apoyo.
Indicó que tras soportar la agresión física y sexual, las trabajadores de la zona de tolerancia del citado municipio tienen ahora que soportar las amenazas cuyo propósito es conseguir el retiro de las demandas que presentaron ante el Ministerio Público y ?que se olviden definitivamente de todo lo que pasó?.
Dijo que todo esto ocurre mientras los militares agresores siguen sin recibir castigo. ?Esta es una muestra más de impunidad, de que el Gobierno aplasta al indefenso y protege a quien tiene fuero?, señaló en entrevista el líder religioso.
Explicó que algunas de las mujeres violadas y golpeadas le llamaron para solicitarle ayuda ante el amago de que se atendrá en su contra o la de su familia si persisten en exigir castigo para los responsables de los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 11 de julio.
?Esto es algo que no podemos permitir; un hecho de esta naturaleza, de esta calaña, cometido con tanta bajeza no puede quedar impune y desde ahora les advertimos que no nos vamos a quedar callados?, anotó Vera López.
Como se informó, aquella noche una turba de aproximadamente 30 elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al 14 Regimiento de Caballería de Múzquiz, pero comisionados a resguardar las boletas electorales en el comité distrital del IFE en Monclova, irrumpieron en el salón El Pérsico de la zona de tolerancia de Castaños donde violaron y golpearon a 13 trabajadores, entre sexoservidoras y meseras.
El titular de la Procuraduría General de Justicia en el estado, Jesús Torres Charles, ha señalado que es poco lo que la dependencia ha podido realizar sobre el caso, pues los militares agresores no han sido presentados por el Ministerio Público Militar.
Diputados locales se han pronunciado por que la justicia castrense decline en las investigaciones y el caso quede en manos del fuero común, pues existe la sospecha de que la Secretaría de la Defensa Nacional pretende encubrir a los violadores que actuaron de manera simultánea y tumultuaria.
