Durango

Denuncia Unión de Ladrilleros Fuerza Social acoso de la DGTE

El Siglo de Durango

El primer día laboral de la semana en curso sirvió de marco para que volvieran los plantones a la Plaza IV Centenario. Ahora, fue el turno de la organización Fuerza Social.

El tema principal de los manifestantes fue la denuncia de que la Dirección General de Transportes (DGTE) acosa a los integrantes de la cooperativa Unión de Ladrilleros Fuerza Social sólo por el hecho de acarrear su mercancía. En contraparte, Carlos Burciaga Rosales, director de la dependencia, respondió que si en verdad comprueban que son una empresa formalmente constituida y que se apegan a las funciones que argumentan, entonces, no habrá mayor problema.

Según Ángel Velázquez, ellos conformaron dicha cooperativa y funcionan como una compañía que transporta su producto, no ofrecen servicio de carga. El descontento es que los inspectores de la DGTE los acosan, afirmó el dirigente.

?Transportes se dedica a hostigarnos. Nos para con el fin de que les den sus 50 ó 100 pesos. Cuando nos llegan a hacer infracciones pues sí son muy altas y tampoco se pueden pagar. Lo que nosotros decimos es que como ya está la empresa, como cualquier otra, por ejemplo las gaseras o ferreteras, ellas sí circulan libremente a todos los comercios y venden sus productos y nos les aplican lo que a nosotros?, dijo.

Entre las que cosas que les demanda la DGTE se encuentra que cuenten con placas de servicio público, situación que no corresponde, sostuvo.

?Somos pobres, pero somos una empresa. Queremos que nos den el mismo trato. ¿Cómo puede ser posible que los señores que se dedican a transportar arena, grava, arena, piedra, ladrillo, insumos para la construcción de la cual está hecha la ciudad les den un trato distinto? Queremos que los agentes de Transportes ya no sigan hostigando, sólo los paran pa? tumbarles los 50 ó 100 pesos?, manifestó.

Velázquez alegó que si son una empresa, como las refresqueras, no tienen por qué traer placas de servicio público, pues son productores que venden los ladrillos y los llevan a sus clientes. Señaló que son cerca de 300 los integrantes de la cooperativa y que son dañados por la DGTE.

Pero Burciaga Rosales tiene una perspectiva totalmente distinta. Atestiguó que los integrantes de Fuerza Social sí brindan servicio público y que los han detectado en más de una ocasión en esta falta. Incluso, relató que les han ofrecido que adquieran sus respectivas placas pero no han aceptado pese a que les dan múltiples facilidades.

El funcionario estatal resaltó que las camionetas que utilizan para transportar el material ni siquiera portan placas del servicio privado, sólo se amparan con un engomado de la organización a la que pertenecen.

Platicó que ya han mantenido varias reuniones con ellos pero, a la fecha, se han resistido a regularizarse. Así que descartó por completo que haya un acoso u hostigamiento por parte de la DGTE en su contra, simplemente, se hace valer la normatividad existente.

Pide justicia

Al cobijo de la Organización Fuerza Social, Jesús Soto demanda que se le dé seguimiento a una denuncia interpuesta por fraude.

?Nos vendió una casa el señor Benito Flores, Vicente Romero y Ramón Enríquez Romero. Resultó que comparecieron ante el notario con un poder supuestamente falso, pues el que firmó el documento murió en el 99 y el poder lo signaron en el 2000. Luego se presentó la renuncia en contra de quien resulte responsable?, compartió.

?En la Procuraduría General de Justicia se integró la denuncia, recae en el Juzgado IV de lo Penal; el juez gira una orden de aprehensión, se detiene a dos, uno se ampara. Ha ido caminando lento y la magistrada Alma Rosa Solís Ríos dictó un auto de libertad a Benito por falta de elementos?, expresó.

La petición es que se dé trámite y se haga justicia conforme a Derecho y se resuelva el expediente 171/2004, declaró el ciudadano.

?Queremos que se resuelva el caso, no pedimos que se favorezca a alguien?, afirmó para luego detallar que la casa fue adquirida por su esposa a un precio de 120 mil pesos. Aunque poseen el inmueble, corren el peligro de perderlo. Ése es su temor constante y piden que quienes los engañaron paguen por su delito.

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