Durango

Denuncian extorsión en Tribunal para Menores

INTERNO REÚNE PRUEBAS Y LEVANTA LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE.

Secretario de acuerdos presionó a un infractor para que le diera 30 mp a cambio de otorgarle la libertad.

El recién creado Tribunal para Menores se vio en vuelto en un caso de extorsión, a menos de un mes de estar funcionando: un secretario de acuerdos presionó a un infractor para que le diera 30 mil pesos a cambio de otorgarle la libertad; de lo contrario, si el interno no accedía, le iban a imputar más delitos para que le elevaran la pena. El servidor público le exigía de inmediato por lo menos cinco mil pesos, para entregárselos a una jueza de nombre Clementina.

Los señores Rodrigo González Martínez e Hilda Pérez Martínez, en compañía de su descendiente Noé, señalaron ante este medio de comunicación la extorsión por parte del secretario de acuerdos Francisco González Fernández, al exigirle a su hijo 30 mil pesos a cambio de su libertad y además de amenazarlo con adjudicarle más delitos y dictarle la pena máxima.

Después de aprobarse el Código de Justicia para Menores Infractores en el Estado de Durango, los presos del Centro de Readaptación Social (Cereso) menores de 18 años o los que cometieron el delito que los tiene ahí, antes de cumplir la mayoría de edad, cuentan con el beneficio de ser juzgados por el Tribunal para Menores, mismo que no puede sentenciar por más de ocho años de internamiento, en el Centro Especializado de Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI).

Noé es un joven que fue trasladado del Cereso al CERTMI, el pasado 2 de octubre, después de purgar una condena de siete años con diez meses, situación que le permite solicitar un adecuamiento de su pena, que al llevarse a cabo tendría que salir en libertad en los próximos meses, ya que de esta manera completaría el máximo de internamiento que está permitido dentro del nuevo Código, que es de ocho años.

Ya estando en el CERTMI, Noé fue interceptado por el secretario de acuerdos Francisco González Fernández, quien le aconsejó que cambiara de abogados, pues los que tenía no eran competentes, y aprovechó para decirle que le iba a mandar a un licenciado de nombre José Ricardo Carrillo Herrera, para que lo defendiera.

Noé, acompañado de sus padres y sus abogados, narró al reportero de El Siglo de Durango cómo se suscitó la extorsión.

CRONOLOGÍA

El 17 de octubre, a las 13:00 horas, según consta en el libro de registro del CERTMI, Carrillo Herrera se entrevistó con Noé y le dijo que para salir necesitaba pagar 30 mil pesos; de lo contrario, lo iba a regresar al Cereso, a lo que contestó el interno que lo pensaría.

El 18 de octubre, a las 21:00 horas, fuera de horario de servicio y de visitas, el Secretario de Acuerdos pidió hablar con Noé para preguntarle si ya se había entrevistado con el abogado que le mandó; éste respondió que sí, sabiendo que estaba siendo extorsionado. Francisco González cerró la puerta del locutorio y le dijo al personal de seguridad que esto era privado y que se salieran. Posteriormente continuó diciéndole que tenía que entregar el dinero que le pidió el abogado, pues necesitaba darle cinco mil a la jueza, de nombre Clementina.

El 19 de octubre, el mencionado servidor público pidió hablar nuevamente con Noé, a las 18:30 horas, y le dijo que ya iba a empezar a hacer los estudios para preparar su libertad, pero le preguntó que si todavía estaban en lo mismo y éste contestó que sí, mientras planeaba un plan para evidenciar el acto de extorsión.

El 20 de octubre, Francisco González regresó al CERTMI, a las 17:10 horas, para exigir que ese día le diera el dinero; inclusive, le prestó el teléfono para que se comunicara con sus familiares para que le trajeran el efectivo, a sabiendas de que está prohibido que los internos realicen llamadas.

Noé previamente se había puesto de acuerdo con un alguien del personal de seguridad del Centro, para que al momento en que realizara la llamada, en lugar de comunicarse con su familia, lo haría a su teléfono celular, para que de esta manera se grabara en la memoria el número del celular del Secretario y que sirviera como prueba para poner la queja y levantar la denuncia penal en contra del servidor público.

Ya en la comunicación telefónica, Noé le decía a su interlocutor que le trajera el dinero y al preguntarle a quién se lo tenían que entregar, el mismo Secretario señaló: ?dile que vengan y pregunten por mí y que me entreguen el efectivo?.

El mismo día, alrededor de las 20:00 horas, el abogado defensor de Noé, Alejandro Salazar, se encontró con el multicitado Secretario de Acuerdos y le reclamó el porqué estaba extorsionando a su cliente y éste negó el acto; inclusive, se dijo que lo llamaran para preguntarle frente a frente si había alguna presión.

El abogado pidió que trajeran a Noé y éste en frente del Secretario le dijo que era verdad la versión de la extorsión, obligando a que el servidor público se defendiera argumentando que él es un simple secretario de acuerdos y que la que tiene toda la autoridad es la jueza Clementina del Socorro Martínez Sáenz.

Por último, los padres de Noé comentaron que hace siete años, el mismo Francisco Hernández fungía como agente Ministerio Público y que les pidió dinero para no meter a la cárcel a su hijo, por lo que éstos le dieron una cámara de video y cerca de 15 mil pesos, sin que el fiscal de la Procuraduría cumpliera con lo prometido, siendo pues la segunda ocasión que se ve envuelto en casos de extorsión con la misma familia.

Acude notario para dar fe de las pruebas

El pasado sábado, el notario Héctor Vega Franco acudió a las instalaciones del CERTMI, para corroborar en los libros de registro las veces que acudió el Secretario de Acuerdos a hablar con Noé y corroborar los números telefónicos que quedaron grabados en los aparatos celulares, como prueba que necesitan los abogados Alejandro Salazar y Liliana Fraire, para interponer una queja y una denuncia penal del servidor público por el delito de extorsión.

Vega Franco tomó conocimiento de los documentos que solicitaron en CERTMI, que anteriormente era conocido como COOMI (Centro de Observación y Orientación para Menores Infractores), anotando todos y cada uno de los días en que el mencionado Secretario de Acuerdos fue a visitar al interno.

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