El Siglo de Durango
Denuncian por el delito de fraude y contrabando de madera a la familia Luna Acevedo ya que aseguran se ha dedicado a la explotación forestal de un predio propiedad de los ejidatarios del predio Bajíos de Don Víctor, perteneciente al municipio de la capital.
Autoridades como la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no han hecho nada, motivo por el que se solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).
El problema data de los años setentas, cuando se constituyó un predio denominado Bajíos de Don Víctor, el cual comprendía alrededor de más de nueve mil hectáreas, pero la familia Luna Acevedo, ?que son caciques de este predio, se dedicó a la explotación irregular del lugar?, de acuerdo con lo expresado por Alfredo Barrios Rentería, dirigente de la Unión de Pueblos Emiliano Zapata.
Vendieron más de mil hectáreas y cambiaron ese terreno por uno más pequeño en donde se encuentra Bajíos de Don Víctor, de aproximadamente ocho mil 26 hectáreas y que es un predio forestal.
El Gobierno Federal y los técnicos hicieron un estudio con base en el aprovechamiento maderable de la región y determinaron que éste tendrá que hacerse en 16 anualidades, con base en el ciclo vegetativo.
Dijo que de 1990 al 2006 se autorizan 16 anualidades de corta en una superficie de tres mil 700 hectáreas y cuya explotación arroja un volumen de 73 mil metros cúbicos de madera, de los cuales los ejidatarios no han recibido el monto que les corresponde, únicamente les han pagado 300 a 350 pesos por anualidad de 84 mil que les corresponden, añadió el líder.
Sin embargo, la familia Luna, en complicidad con el técnico forestal de la Unidad Forestal No. 9, Jesús Ruiz Ramírez, determinó los recursos que pueden ser aprovechables. Sin embargo, ellos han hecho y deshecho con estos recursos, aseguró.
Denunció que, violando la Ley Forestal, ?la familia Acevedo han sido comisariados y han impuesto a las autoridades a su propia conveniencia, aparte de que no han pagado lo que les corresponde a 45 ejidatarios legalmente constituidos desde hace más de cinco años; además, se hizo la denuncia en el sentido de que esta familia se está robando la madera?, sostuvo.
Esta situación ?agregó- motivó que se presentara una denuncia ante la Profepa; esta instancia realizó las investigaciones y determinó que únicamente faltaba un árbol e impusieron una multa al técnico de poco más de cuatro mil pesos y al ejido de ocho mil, algo que resulta irrisorio, señaló.
Afirmó que de acuerdo con documentos en su poder se tiene conocimiento de que el robo de madera es considerable, razón que les hizo acudir hasta el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, para manifestarle lo que está pasando en Durango.
Es decir ?reiteró-, que el Gobierno Federal se dé cuenta de todas las anomalías, además de que ya se le está dando seguimiento a una denuncia presentada ante esta instancia; destacó que la PGR giró instrucciones a la Delegación en Durango de que se aboque a las investigaciones del caso.
Exigencias
Lo que se está pidiendo a las responsables de explotar el predio forestal:
- El reintegro de las 16 anualidades que les corresponden a los ejidatarios de Bajíos de Don Víctor.
- La utilización adecuada del predio propiedad de los ejidatarios.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
