EL UNIVERSAL
MÉXICO, DF.- El asunto sobre la probable red de complicidad entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, el empresario textilero Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, preso en Quintana Roo acusado de pederastia, fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Organizaciones No Gubernamentales presentaron un informe al Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en el que explican ?el alto nivel de corrupción, complicidad e impunidad que existe en el sistema de justicia mexicano? para castigar la explotación sexual comercial.
Un grupo de 11 Organizaciones No Gubernamentales, encabezadas por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló al organismo que, pese a las evidencias públicas, ?el gobernador de Puebla Mario Marín todavía está en funciones y nadie hizo nada?.
En el documento titulado Erradicar la discriminación de la mujer en México: una falacia, los organismos civiles señalaron que entre los impedimentos para sancionar a los responsables de la explotación sexual comercial, además de la corrupción, están la falta de conocimiento sobre las herramientas legales internacionales por parte de los ministerios públicos y jueces.
En el informe analizado por la CEDAW hace tres semanas se señala que ?un buen ejemplo de lo anterior? es el caso de Jean Succar Kuri, acusado de pederastia y recluido en un penal de Quintana Roo.
Las organizaciones civiles narran que en el libro Los demonios del Edén, escrito por la periodista Lydia Cacho, las propias víctimas denuncian que hay políticos y empresarios vinculados a Jean Succar y uno de ellos es el empresario Kamel Nacif.
?Esto provocó que Nacif presentara una denuncia contra la periodista por los delitos de calumnia y difamación, con la complicidad del gobernador de Puebla Mario Marín y arreglaron su detención y llevarla a prisión hasta la ciudad de Puebla?. En el reporte se establece que, después en conversaciones telefónicas que fueron reveladas por los medios de comunicación, se supo sobre dicho arreglo para encarcelar a Cacho.
?En una audiencia en la que comparecieron Lydia Cacho y Kamel Nacif el juez fue imparcial porque aceptó como pruebas de cargo los testimonios notariados en San Diego, Estados Unidos, de menores que se retractaron de haber sido ultrajadas por Succar, a pesar que estos documentos no tienen validez jurídica en México?.
Lo anterior, reiteraron en dicho informe entregado al comité de la ONU, comprueba la existencia de redes de corrupción, impunidad y complicidad por parte de las autoridades del sistema de justicia, políticos y empresarios poderosos que impiden la persecución de delitos de carácter sexual?.
El resto de las organizaciones que suscriben dicho informe son: Defensoras Populares, A.C., Casa Amiga, Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Centro de Desarrollo de la Mujer Purépecha, IPAS, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
