Denuncian que el gobierno amparó la firma de un contrato con una empresa vinculada a altos dirigentes para que realizara una auditoría a dos campos petroleros; no hay reacciones al respecto.
LA PAZ.-Un partido opositor acusó el miércoles al gobierno de amparar la corrupción por la firma de un contrato con una empresa vinculada a altos dirigentes oficialistas para que la firma realice una auditoría a dos campos petroleros.
Ni los aludidos, ni el gobierno, han respondido de momento esta denuncia y otras anteriores.
La Unidad Nacional (UN), segunda fuerza opositora en el Congreso, reveló que el principal asesor de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Morales Olivera, habría favorecido mediante un contrato a su padre, Manuel Morales Dávila, un importante dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), en el gobierno. Los aludidos no tienen parentesco con el presidente Evo Morales.
En rueda de prensa, el jefe del bloque de diputados de UN, Peter Maldonado, señaló que la operación se hizo a través del estudio de abogados Mostajo Sociedad Civil, que habría constituido una empresa "palo blanco (testaferro)", llamada Consult System, para adjudicarse un contrato con YPFB por el equivalente a 310 mil dólares.
En julio, el presidente Morales anunció la contratación de la hasta entonces desconocida Consult System para auditar los campos de hidrocarburos Caranda y Colpa, operados por la brasileña Petrobras.
Entonces, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que nuclea a los industriales de ese rubro, declaró que no conocía nada de esa empresa, ni tampoco de otras consultoras contratadas por YPFB, para realizar las auditorías de los campos bolivianos, como parte del proceso de nacionalización decretado por Morales el 1 de mayo.
El caso se suma a otra acusación formulada hace tres semanas por la Superintendencia de Hidrocarburos contra el presidente de YPFB y estrecho colaborador del presidente Morales, Jorge Alvarado, a quien acusa de haber firmado un contrato con una intermediaria que hubiera causado pérdidas para el estado de 38,5 millones de dólares.
Maldonado pidió al gobernante que destituya a Alvarado y a Morales Olivera por estos supuestos hechos de corrupción, al señalar que, después de 23 días de conocida la primera, el mandatario no habría hecho otra cosa que defender al presidente de YPFB.
"Señor presidente (Morales), han pasado 23 días y no existen hasta la fecha decisiones políticas. Señor presidente, su silencio lo involucra como cómplice en estos hechos de corrupción. Señor presidente, ¿qué pruebas más necesita para desmantelar la red de corrupción que se está armando en torno a los contratos Alvarado?", dijo Maldonado.
