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LIMA PERÚ.- La conductora peruana Laura Bozzo anunció ayer que denunciará al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por haber permanecido arrestada durante tres años como presunta culpable del delito de corrupción.
?Hay una persecución en mi contra y está probado que la justicia incurrió en prevaricato (delito que se comete al dictar una resolución injusta) y por ello voy a denunciarlos ante la Corte Interamericana?, señaló Bozzo al Canal 9 de televisión.
Indicó que ?no han probado que recibí tres millones de dólares de manos de Vladimiro Montesinos. A pesar de ello, estuve bajo arresto domiciliario? durante tres años, hasta el 17 de julio de 2005, en una productora de televisión en la capital peruana.
La animadora de programas talk-show aseveró que los procuradores anticorrupción peruanos quieren condenarla por haber recibido una placa de reconocimiento, bañada en oro, del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que dirigía Montesinos.
De acuerdo con la normativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe analizar la denuncia y, si concluye que se ha violado algún derecho, puede hacer recomendaciones al Estado.
Ante la ausencia de un acuerdo amistoso entre las partes, la CIDH puede emitir un informe al Estado requerido con recomendaciones finales y, si éste no cumple, puede remitir el caso a la Corte-IDH con sede en San José, Costa Rica.
Bozzo aseguró que su ?calvario judicial? comenzó cuando exigió en su programa televisivo ?Laura?, que transmitía un canal de televisión peruano, que el presidente Alejandro Toledo reconociera la paternidad sobre una menor nacida de una relación extramatrimonial.
La abogada, de 54 años, indicó que en los últimos cuatro años ?he sufrido bastante? por la acusación que los abogados del Estado le formularon ?por órdenes del presidente Alejandro Toledo?.
La conductora peruana fue condenada el pasado viernes a cuatro años de prisión remitida, que no implica reclusión pero si prohibición de salir del país, como cómplice de los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado.
El tribunal, sin embargo, la exoneró de los cargos por la supuesta recepción de tres millones de dólares que le habría entregado Montesinos ya que fue imposible comprobar esa acusación formulada por una empresaria peruana.
