Roma.- Los magistrados de la justicia deportiva italiana condenaron hoy a los clubes Juventus, Lazio y Fiorentina a jugar la próxima temporada en la serie B, tras el llamado "maxiproceso" por el escándalo mas grande de ese deporte en el país, que se desprende de partidos arreglados.
En cuanto al Milán, consiguió evitar el descenso, pero arrancará el próximo campeonato con 15 puntos menos que el resto de los equipos y sin la posibilidad de disputar la Liga de Campeones de Europa u otra competencia europea.
A la Juventus de Turín se le quitó el scudetto (campeonato) 2005-06, además de ser condenada a jugar en serie B la próxima temporada, donde comenzará con una penalización de 30 puntos, al igual que la Fiorentina con 12 y la Lazio con siete puntos.
En lugar de los descendidos llegarán a la Serie A (primera división) los equipos de Treviso, Lecce y Messina. El veredicto fue comunicado por Cesare Ruperto, presidente de la CAF, en un operativo de seguridad sin precedentes que incluyó el veto a las transmisiones directas por radio y televisión.
El escándalo
El escándalo se desató varios meses atrás, aún cuando se jugaban las últimas fechas del campeonato italiano que ganó la Juventus de Turín. Llamadas telefónicas interceptadas fueron dadas a conocer por la policía italiana, y dejaron al descubierto una supuesta red de tráfico de influencias y corrupción.
Al centro de ésta se encuentra el ex director general de la Juventus, Luciano Moggi, quien a decir de los investigadores había logrado tejer un sutil entramado que le permitía controlar árbitros, dirigentes y empresarios. Inmediatamente la prensa tituló al escándalo "calciopoli".
Con más dudas que certezas, la selección italiana enfrentó la Copa del Mundo Alemania 2006, mientras en el país se anunció la renuncia del ex presidente de la Federación Italiana de Futbol, Franco Carraro, y después la del vicepresidente Innocenzo Manzini.
Involucrados también los diseñadores arbitrales, Paolo Bergamo y Pierluigi Pairetto, por supuesto apoyo a dirigentes de los equipos señalados en el arreglo de partidos o, al menos, en el favorecimiento de éstos ante faltas dudosas.
Ante la renuncia de Carraro, un interventor especial se hizo cargo de la Federación, Guido Rossi, quien con Francesco Saverio Borrelli (director de la oficina de indicios) llevaron a cabo las investigaciones.
La Corte de Apelación Federal aceptó como convincentes los argumentos y obligó a someterse a juicio a 30 sujetos, entre ellos los clubes, además de Moggi, Carraro, Manzini, Bergamo, Pairetto y, junto con ellos, a Maximo De Santis (reconocido árbitro), además de los hermanos Andrea y Diego della Valle, dueños de la Lazio.
Vetos
De la larga lista de implicados ninguno resultó inocente, las sentencias para todos ellos consideran multas de mil a cinco mil euros, vetos de uno a cinco años para trabajar como dirigentes deportivos y, en el caso de los clubes, afectaciones en los puestos de clasificación general.
Luciano Moggi fue vetado por cinco años con propuesta de expulsión, misma sentencia contra Antonio Giraudo, ex administrador delegado de la Juventud; mientras que para Franco Carrazo cuatro años y seis meses de veto.
También se le dieron cuatro años al árbitro Maximo De Santis, uno para Adriano Galliani presidente de la Liga Calcio y vicepresidente del Milán.
