Hablar de la vía armada como recurso para cambiar el estado que guarda el país, a más de uno le pone los pelos de punta. No es para menos, la sola idea supone una locura. Pero esa loca tentación no se conjura con la simple condena de la violencia, la promesa vacía de la reposición del Estado de Derecho o, peor aún, la baladrona -no menos loca- de restablecer el orden y la legalidad a como dé lugar sin importar su costo en vidas.
Conjurar ese peligro, exige mucho más. De buenos propósitos ha estado sembrado el debilitamiento del Estado de Derecho y, de continuar en la idea de que el fantasma de la violencia se desvanece con un muy buen discurso o con un contundente boletín de prensa, más temprano que tarde nos vamos a topar con la espiral de la violencia. Desde antes de la elección presidencial ha sido notable cómo, frente a las más violentas y flagrantes violaciones a la Ley cometidas por grupúsculos embozados o encorbatados, la élite política se ha hecho de la vista gorda o ha actuado hasta con complicidad.
Del actual Gobierno no hay nada que esperar no tanto porque esté por irse, como porque precisamente ha sido uno de los principales factores del quebranto de la legalidad y el debilitamiento del Estado de Derecho. La respuesta, cualquiera que ésta sea, vendrá del Gobierno entrante.
*** Si se mira con atención lo que viene ocurriendo, quienes más han subvertido el orden no son quienes se denominan “agitadores profesionales”. No, hay una colección de funcionarios que, en verdad, han actuado como auténticos provocadores, como auténticos agentes de la inestabilidad y promotores de la impunidad. Uno. En el gran plano de la política, los primeros meses del año, el escenario lo ocupó el gobernador Mario Marín. Grabada no en un aparato magnetofónico, sino en la conciencia nacional, quedó la conversación telefónica donde con absoluta impunidad el mandatario reseñó el escarmiento que le iba a dar y le dio (parcialmente) a la periodista Lydia Cacho por andar involucrando a su amigo, el empresario Kamel Nacif, en delitos relacionados con la prostitución infantil.
De febrero a noviembre, han transcurrido diez largos meses y Mario Marín actúa como si aquello fuera una desafortunada “indiscreción”. La Suprema Corte analiza el caso, pero la lentitud de su actuación desvanece la idea de la justicia. ¿No contribuye eso a deteriorar el Estado de Derecho?
Dos. En otra pista de ese circo estuvo y está el ex gobernador mexiquense Arturo Montiel. Casas, villas, departamentos y residencias de su propiedad, dentro y fuera del país, quedaron al descubierto. Con estricto derecho y absoluto apego a la legalidad, Germán Dehesa y un conjunto de ciudadanos demandaron esclarecer el origen de tan vasta fortuna y hoy, los fiscales dispuestos por el amigo de Arturo Montiel, el gobernador Enrique Peña, siguen sin encontrar mácula alguna en el impresionante espíritu de ahorro de Montiel que disfruta como nadie su inexpugnable fortuna. ¿No subvierte el espíritu tanto cinismo, tanta impunidad?
Tres. Está también, desde luego, Ulises Ruiz. El oaxaqueño -es difícil reconocerle el cargo de gobernador- ha hecho todo para subvertir el orden y la paz pública en su estado y, aún hoy, se burla de toda autoridad o poder federal sin dejar por ello de exigirles auxilio. El ridículo en el que ha colocado a los poderes Ejecutivo y Legislativo no tiene parangón y los muertos en Oaxaca, a raíz de la crisis que tan bien ha acicateado el propio Ulises, aparecen en la conciencia como una suerte de daño colateral sin importancia. Se dice fácil pero, en Oaxaca, hay homicidios sin homicidas. El imperio de la Ley es la mayor carcajada.
*** Fuera de ese plano, conflictos de otra índole -sindical, social o electoral- han dejado muy mal parado al Estado de Derecho. Los dos mineros asesinados en Lázaro Cárdenas-Las Truchas cayeron por las balas de un arma que, al parecer, nadie disparó y la autoridad ni por asomo se conmueve ante el hecho. Los altos funcionarios federales o estatales miran lo ocurrido como un “incidente” menor y, entonces, se desembarazan cínicamente del problema. El secretario del Trabajo, Francisco Salazar, se desentiende del problema porque, a fin de cuentas, fueron los elementos de la Fuerza Pública los que dispararon y él sólo es un autor del conflicto con ese gremio. A su vez, el gobernador Lázaro Cárdenas deja entrever que el asunto está olvidado y mejor ni removerlo. Organismos nacionales e internacionales, defensores de los derechos humanos denuncian los abusos cometidos por elementos de las policías estatal de Edomex y Federal Preventiva contra l@s detenid@s en Atenco. Formulan recomendaciones y la respuesta de las autoridades son distintas en la forma pero iguales en su fondo: no importa lo que digan. El secretario Eduardo Medina-Mora resbala sin más la responsabilidad y el Gobierno de Enrique Peña dice “sí, cómo no, vamos a darles una sanción administrativa” y punto. Más no hay. En Tabasco, la firmeza del gobernador Manuel Andrade contra los activistas del partido del Sol Azteca no escatima en aplicar la tortura pero como, a fin de cuentas, el asunto no escandaliza mayor cosa, pues, sencillamente, se deja de lado. Tal pareciera que el respeto a las garantías individuales hay que observarlo sólo cuando alcanza un nivel mediático, si no pues no.
*** La reseña del imperio del crimen organizado o desorganizado en muchas plazas de la República, exigiría un espacio editorial superior a éste. Hay carreteras donde, como en el viejo oeste, hay que integrar convoyes o caravanas para poderlas transitar con un margen de seguridad no garantizado. La existencia de auténticos ejércitos de criminales que, sin el menor recato, disputan el territorio a la autoridad civil, deja claramente establecido que el monopolio de la Fuerza pública ya no es sólo del Estado, también lo es del narco. El secuestro del hijo y de la esposa de un agente de la Policía Federal Preventiva destacado en Chilpancingo que resuelve encarar con sus compañeros al narco que, al final, por su armamento, les gana la partida y más tarde ejecuta a la mujer, deja bien claro quién va ganando ese combate. El cierre de casas de juego en el norte del país por instrucciones del narco porque quiere establecer “contratos de protección” con los dueños de esos establecimientos, pone en claro quién fija los impuestos.
*** Tal es la impunidad, tal la falta de justicia, tal la ausencia del Estado que asombra, no el estallido de los petardos en la ciudad, sino la sorpresa que causa en la autoridad. Se ha hecho todo para que grupúsculos de la más variada ralea, con y sin corbata, embozados o no, pongan en práctica la tentación de asegurar su dominio por la vía de la fuerza, el poder y la violencia.
Condenar de oficio la violencia sin reconocer por qué cobra fuerza ésta, es seguir la idea de actuar de manera políticamente correcta pero a fin de cuentas sin entender que, día a día, el país baja por la escalera de caracol que lleva a un Estado en decadencia. ¿Cuál es la respuesta?
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