Son noticia en estos días, los anuncios del gobernador de Coahuila relativos a la demolición del Distribuidor Vial Revolución y la práctica de una auditoría a la Oficina del Registro Público, ambos eventos en la ciudad de Torreón.
Los dos casos corresponden a una tarea ingrata que resulta a cargo del profesor Humberto Moreira Valdés, herencia de la anterior Administración que el gobernador actual no debe eludir.
En el caso del distribuidor vial que se publicitó como la obra máxima para nuestra ciudad, del Gobierno de Martínez y Martínez, se parte de sendos dictámenes del Instituto Mexicano del Concreto y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que denuncian el riesgo del colapso de la construcción.
No será la primera obra del Gobierno de Martínez que Moreira tenga que demoler y volver a construir, pues ya le tocó hacer lo propio cuando era alcalde de Saltillo con el paso a desnivel “Profesor Otilio Montaño”, también mal hecho bajo la supervisión de Jorge Viesca Martínez, director de Obras Públicas de Coahuila en aquel tiempo.
La responsabilidad histórica y política de semejantes yerros corresponde al Gobierno de Enrique Martínez y las responsabilidades civiles y penales deberán ser determinadas por la Procuraduría de Justicia y los Tribunales del Estado, mediante un procedimiento legal que resulta obligado, para salud de nuestra vida pública.
En esta feria de entuertos, los funcionarios, contratistas y proveedores involucrados comienzan a deslindarse, aunque es evidente que para el caso es aplicable el principio de responsabilidad solidaria según el cual, “tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”.
El Gobierno estima el costo de la reposición del complejo vial en la cantidad de noventa millones de pesos, pero algunas otras voces aseguran que llegará a ciento cuarenta millones de pesos, que en todo caso correrán a cargo de los contribuyentes.
El segundo legado de esta herencia trágica, deriva de un mal manejo del Registro Público de la Propiedad de Torreón dirigido desde la Secretaría de Gobierno por Raúl Sifuentes Guerrero, al través del entonces director de dicha oficina José Luis Dovalina Romero.
El caso del Registro Público no sólo implica pocos o muchos errores. Se trata de la operación deliberada y sistemática desde la cúpula del poder, de un órgano de la administración pública que en lugar de trabajar para satisfacer necesidades colectivas y brindar seguridad jurídica, fue orientado al servicio particular de un grupo de personas con fines de enriquecimiento ilícito, por lo que la reparación del entuerto es asumido como tarea del actual Gobierno, por estrictas razones de Estado.
El secretario de Gobierno Óscar Pimentel González, expresa que la auditoría al Registro Público se ordena a solicitud del Colegio de Notarios, pero habría que agregar a dicho factor, el reclamo de un número importante de particulares que denuncia dobles inscripciones de unos mismos inmuebles a favor de propietarios distintos, la desaparición arbitraria de inscripciones relativas a sus derechos de garantía y hasta de resoluciones judiciales en materia de inscripción registral, que han sido sistemáticamente violadas o desatendidas.
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