De manera sorpresiva un Tribunal ordenó el arresto del ex presidente Luis Echeverría, por la masacre estudiantil ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el dos de octubre de 1968. La orden implica arresto domiciliario del ex mandatario (1970-1976), quien ha sido acusado por una Fiscalía especial de estar involucrado en la orquestación de la masacre poco antes de los Juegos Olímpicos, época en la cual Echeverría era secretario de Gobernación.
La determinación de arresto domiciliario se tomó porque el ex mandatario es mayor de 70 años y significa que nunca pisará la cárcel. El fiscal especial Ignacio Carrillo, había solicitado en septiembre de 2005 la detención de Echeverría por los hechos de 1965, cuando decenas de estudiantes y civiles murieron ese dos de octubre tras un fuego cruzado en el que participó el Ejército y personal policiaco.
Lo que para muchos sería un acto de justicia, hoy toma matices distintos debido a la cercanía de las elecciones. Para la dirigencia nacional del PRI la detención del ex mandatario es una “marranada”. No se explican que la Procuraduría General de la República haya girado una orden de aprehensión, a menos de 48 horas de los comicios presidenciales.
Para el tricolor es un es un golpe mediático con el que tratan de distraer la atención e incidir en el voto de los ciudadanos el dos de julio. Incluso para Rosario Ibarra, quien siempre pugnó por la detención del ex mandatario, el hecho tiene un matiz político. Para la activista social, se busca relacionar una vez más la imagen de Echeverría con la de Andrés Manuel López Obrador para generar temor entre los votantes.
El genocidio ocurrido en 1968, así como el asesinato de jóvenes en 1971, son crímenes históricos que deben ser castigados. La guerra sucia no debe quedar impune, es cierto, pero tampoco se vale polarizar más el ambiente electoral. Luis Echeverría debe ser juzgado por sus actos, pero no se debe dar golpes espectaculares cuando la ciudadanía entró en un proceso de reflexión para meditar su voto.
