EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), apoyados por agentes del grupo especial Puma, cumplieron dos órdenes de cateo en fincas ubicadas en la colonia Lucio Cabañas y Eduardo Guerra, logrando el aseguramiento de droga, dinero y la detención de cinco personas.
La primera acción policiaca se llevó a cabo en la casa ubicada en la calle Emiliano Zapata número 14, de la colonia Lucio Cabañas, donde fueron detenidos, María Teresa Pedroza Ramírez, Genaro Castillo Robles y Gerardo Castillo Pedroza.
Aurora de la Mora Alvarado, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Coahuila, informó que los tres sujetos se encontraban en la vivienda y en su interior se aseguró un envoltorio de papel periódico con las características de la marihuana, que dio un peso bruto de 4.9 gramos.
También, en una bolsa de plástico, había otras nueve ?palomas? del mismo vegetal que arrojaron un peso de 40.7 gramos, así como una bolsa de plástico con polvo blanco similar a la cocaína, que pesó 4.8 gramos en bruto.
En el lugar también había dinero en efectivo en distintas denominaciones y en total sumaba 852 pesos, mismos que junto con la droga y los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
La delegada De la Mora señaló que más tarde, los mismos elementos de la AFI y del grupo especial Puma, acudieron a las casas localizadas en la calle P, números 355 y 368, donde cumplieron otra orden de cateo en atención a la orden del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna.
En este lugar se detuvo en el interior de la finca a Alfredo Márquez Morales y Víctor Saucedo Andrade, quienes tenían en su poder una bolsa que en su interior contenía mil 213 kilogramos de semilla de marihuana.
En la finca también se localizaron 52 paquetes de plástico transparente con polvo blanco en su interior similar a la cocaína, y el peso total de las ?grapas? fue de 20 gramos.
Como resultado de la intervención policiaca, también se consignó a los detenidos y la droga ante la autoridad correspondiente, para que se decida la situación legal de los inculpados en delitos contra la salud.
