EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón, Coah.- Para el sector empresarial, sienta un precedente a nivel nacional la decisión del Cabildo de Torreón de anular el acuerdo mediante el cual regidores de la anterior Administración municipal se otorgaron un bono de marcha de 130 mil pesos. Independientemente de si se logra recuperar esos recursos, pues el proceso apenas empieza, debe representar una lectura clara de que la sociedad no permitirá más abusos con los recursos públicos.
Se dio un gran paso en un ?gran vicio? que es disponer de los dineros públicos para sí, dice el presidente del Centro Empresarial de la Laguna, Fernando Royo Díaz Rivera, y menciona que es de reconocerse cuando la sociedad se manifiesta, cuando exige y no se amedrenta.
Se refiere a que el ejemplo de tres ciudadanos que se inconformaron legalmente contra la entrega del bono de marcha, el mismo día en que los regidores del anterior Gobierno decidieron otorgárselos, es un parteaguas y desde hoy, se creará jurisprudencia al respecto.
El Cabildo decidió por unanimidad anular el acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2005 en el cual los regidores y síndicos se autorizaron un bono de marcha a manera de indemnización de 130 mil pesos.
Con este acuerdo se inició el proceso para exigir por la vía legal a todos los ediles y síndicos que lo recibieron, la devolución del dinero. A todos se les notificará del nuevo acuerdo, se les fijará un plazo para que devuelvan los dineros de 130 mil pesos a cada uno, los plazos los fijará la Tesorería Municipal, quien se encargará de hacer el cobro a través de Ejecución Fiscal. De ampararse los ex regidores, el Municipio esperará hasta que un juez de Distrito decida en consecuencia.
Fernando Royo Díaz Rivera señala que a partir de esta decisión colegiada otros gobiernos estatales y municipales la pensarán dos veces para autorizarse recursos y utilizar la Ley para su beneficio.
En este sentido dice que fue una medida positiva decidir en contra del bono de marcha y que se anulara el acuerdo del año pasado. El siguiente paso es obligar a los regidores a que devuelvan el dinero que en forma discrecional y arbitraria, se auto-otorgaron.
Y como es importante respetar el Estado de Derecho, señala que los ex regidores están en su derecho de ampararse si consideran que es arbitraria la decisión de obligarlos a que regresen los dineros que son públicos.
A legislar
El Consejo Coahuilense de la Iniciativa Privada (Cocip) insistirá ante el Congreso del Estado para que se legisle este año en materia de percepciones para funcionarios públicos, de manera que se impida el cobro de bonos y compensaciones fuera de su sueldo nominal.
Víctor Alducin Flores, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), dice que la decisión del Cabildo de anular el acuerdo de su antecesor en el que se autorizó un bono de marcha, abrió de nueva cuenta la discusión al respecto y asegura que ya no van a postergarla.
?Las reglas deben quedar claras respecto a lo que gane un funcionario público? y expresa la necesidad de frenar el uso discrecional de los recursos públicos en esta modalidad y que se ha hecho durante tantos años?.
Diputados, regidores y funcionarios , deben ser considerados en este esquema de compensaciones, para que haya directrices escritas, objetivas, claras ?ya nada de manejar las leyes a conveniencia personal?, dice.
