Ya estaba excesivamente presente en las calles de las grandes ciudades. Ahora la tenemos instalada también en la pantalla de los televisores. La piratería, ese delito que atenta contra la propiedad intelectual y contra el funcionamiento de la economía de mercado, aunque con ineficacia es formalmente combatido por la autoridad federal en tratándose de grabaciones y de bienes de uso cotidiano, como prendas de ropa, perfumes, bebidas, etc. De tanto en tanto, acaso con propósitos escenográficos, la PGR y la PFP embaten contra la distribución y venta (casi nunca en los centros de producción) de bienes ilegales.
En cambio, ha surgido una emisora pirata en la televisión y no sólo no se persigue a quienes la operan sino que se les solapa y se les allana el camino. En mayo pasado dejó de transmitir el canal 40, por efecto de una huelga que hizo culminar una crisis poliédrica en esa estación, cuya concesionaria es Televisora del Valle de México, una sociedad anónima cuyo capital está dividido en 95 por ciento, propiedad de Javier Moreno Valle y cinco por ciento, de Hernán Cabalceta.
En 1998, el primero pignoró más de la mitad de sus acciones a favor de TV Azteca, con quien entonces suscribió un acuerdo, tanto de operación mercantil como financiero, renglón en que un crédito otorgado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego quedó garantizado por los títulos dejados en prenda.
Ese acuerdo fue roto unilateralmente por Moreno Valle y desde entonces se inició una batalla legal donde se han abierto innumerables frentes. En el ámbito laboral, la concesionaria anunció su disposición a pagar las prestaciones adeudadas para poner fin a la huelga.
Pero la CTM, todavía en vida de Leonardo Rodríguez Alcaine, absurdamente estorbó la solución del conflicto por esa vía, como si no le interesara que los postergados derechos de los trabajadores (una parte de los cuales pertenece al sindicato cetemista de la radio y la televisión) se vieran al fin satisfechos.
En consonancia con ese obstáculo, la Secretaría de Comunicaciones reconociendo que los aspectos financieros de la concesionaria no le incumben, se metió sin embargo, a averiguar el origen y el propósito del crédito que General Electric había acordado a favor de TVM (y que le permitiría encarar no sólo su pasivo laboral sino otros igualmente gravosos), y su intromisión fue eficaz, pues finalmente no se consumó la presencia de ese capital en el Cuarenta.
En cambio, cuando TV Azteca se atrajo la colaboración de Cabalceta, el socio minoritario, tanto el sindicato cetemista como las autoridades fueron sensibles a su oferta y se levantó la huelga (aunque sin cumplir, hasta la fecha, el compromiso de indemnizar al personal no sindicalizado).
En la vía mercantil, las partes entraron en una guerra judicial, cuyo capítulo principal consiste en una decisión extraña al orden legal que concedió derechos de accionista a un acreedor, que se permitió sustituir a Moreno Valle como administrador y reemplazarlo por Cabalceta. Si ese procedimiento se generalizara, el mundo de la cobranza mercantil experimentaría una revolución, pues los acreedores investidos de dueños ordenarían a la empresa deudora tomar decisiones que los beneficiaran.
Cada parte ha realizado asambleas en que acuerdan denunciar las del contrario y los jueces deben resolver en última instancia la validez respectiva. Sin esperar a que ese momento procesal ocurra, TV Azteca decidió consumar hechos, contando con la complacencia gubernamental, la misma que pasó por alto la responsabilidad de esa empresa en el asalto a la planta transmisora del Cuarenta, en una escaramuza anterior de esta batalla. Ante el aviso público de que el martes se reiniciaría la actividad del canal 40, desde las instalaciones de TV Azteca, el abogado y accionista (cuando se consume un anunciado aumento de capital) de TVM, Javier Quijano, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes investigar la situación, que implica usurpar derechos que inequívocamente corresponden a TVM y no han sido transmitidos.
Aun si a la postre la batalla judicial se dirimiera a favor de TV Azteca ese momento no ha llegado y por lo tanto la SCT está obligada a atender el requerimiento del personero de la concesionaria reconocido por la autoridad, Quijano mismo. Hasta hoy la secretaría ha guardado silencio.
Con celeridad contrastante, en cambio, contestó y aun hizo pública, mediante un comunicado de prensa, su respuesta a TV Azteca. Cabalceta, ostentándose con una personalidad que la justicia no ha admitido (razón por la cual su nombramiento no ha podido ser inscrito en el Registro Público de Comercio) informó a la autoridad del recomienzo de las transmisiones del Canal 40. Según la obsequiosa secretaría, ese aviso es suficiente para bautizar las transmisiones espurias, que lo son porque se originan en una sede no autorizada por una empresa que en los hechos es diversa de la concesionaria.
Aunque desde diciembre está advertida de la infundada ostentación de Cabalceta la SCT admitió su aviso, si bien le requirió su inscripción en el registro mercantil. Pero es seguro que le dispense el trámite, en línea con la obsequiosidad oficial ante el atraco. Las transmisiones ilegales fueron apadrinadas por el secretario de Hacienda, hace diez meses víctima de la empresa con la que está ahora “a partir un piñón”. Y el de Gobernación invita a las partes a una negociación equivalente a establecer los términos del rescate mientras dura el secuestro.
