Me niego a aceptar que la profundización en la corrupción sea una cuestión cultural, aunque habremos de aceptar que está entre nosotros como cáncer social, al parecer en todos los niveles.
Bernardo Graue Toussaint, director del Centro de Análisis Político del CIDE dice: ?El problema es que por la repetición de los sucesos de corrupción, los empezamos a ver como cotidiano, normal y corremos el riesgo de acabar por aceptarlo, cuando debería ser inaceptable hoy, mañana y siempre, en el ámbito privado y más aún en el ámbito de la administración pública?. Indiscutible.
En el medio político es alarmante y va a la alza, el 33 por ciento de los ciudadanos consideramos que la corrupción se incrementará; el 40 por ciento de entrevistados perciben un aumento en los últimos tres años, conforme al Barómetro Global de la Corrupción 2005, de Transparencia Internacional (TI). Ante la estadística, los políticos mexicanos evaden el tema con la ?técnica del deslinde?, unos y otros hacen declaraciones vagas. Repasemos algunas de ellas:
Felipe Calderón Hinojosa, aún en campaña, se pronunció en relación a las denuncias del abuso poder, corrupción y enriquecimiento ilícito, hechas contra los hermanos Bribiesca Sahagún, evadiendo responsabilidad dijo: ?Es cosa de la Ley y del partido?; inconcebible en quien será primer mandatario de la nación, transformándose así en ?cómplice moral? de la ?familia incómoda?. A la fecha, poco a poco, los nuevos millonarios, van librándose de cargos.
Roberto Madrazo Pintado, aún siendo candidato a la Presidencia, al referirse a las denuncias de corrupción y riqueza inexplicable de Arturo Montiel, dijo: ?Es el único que puede aclarar los hechos y lo debe hacer a la velocidad del rayo, porque esto no puede esperar más tiempo?. Por cierto, él mismo rehuyó cumplir la Ley y declarar sobre su patrimonio personal.
Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado en su relación con René Bejarano, dijo: ?Traicionó al movimiento democrático?; luego trató de ?deslindarse? declarando: ?Yo no tuve que ver en ese asunto?. ¿Es respuesta de un político que aún sueña ser presidente?
La misma actitud encubridora se observa en otros malos políticos y empresarios: queda para la historia la denuncia del acuerdo para autorizar reformas a la Ley de Radio y Televisión, promovidas por Santiago Creel, favoreciendo a las dos más grandes televisoras privadas mexicanas. También resuenan las acusaciones contra gobernadores y sus cómplices, caso de Mario Marín y Kamel Nacif.
Ni el Clero se salva: recuerde las declaraciones del príncipe de la Iglesia de Aguascalientes en relación a las narcolimosnas o la denuncia por fraude al obispo de Piedras Negras, Coahuila o las demandas contra Norberto Rivera, quien ya se ?deslindó? a través de su vocero.
Y ¿los empresarios mexicanos denunciados por defraudación al fisco? Son conocidos los ardides de algunos para no pagar impuestos; huecos de la Ley que permiten supuestos proyectos de inversión, planes de generación de empleo, o la simple falsa declaración.
Los ciudadanos comunes y corrientes también tenemos lo nuestro: piense en la ?mordida?, la compra de contrabando y ?piratería?, sólo por mencionar algunos ?detallitos?. No olvidemos que en la práctica del ?deporte nacional? hay dos partes: el corruptor y quien se deja corromper o la promueve.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicó otros datos estadísticos: entre el 30 y el 50 por ciento de los entrevistados por ellos, considera al soborno el medio para que se les haga justicia o se les favorezca; el 22 por ciento dijeron que al ser detenidos les pidieron dinero a cambio de su libertad, estando las agencias del Ministerio Público involucradas en un 19 por ciento y un siete por ciento los jueces o secretarios de Acuerdos.
El 59 por ciento de las personas considera a los jueces comprables y el 52 por ciento de los presos dice: ?De haber tenido dinero suficiente, seguramente estaría libre?. Cuando revisaron los procesos legales para enjuiciar a mexicanos, el 70 por ciento no contaba con un abogado asesor y el 60 por ciento hizo su declaración preparatoria sin asesoría legal. El 70 por ciento de los acusados acude a defensores de oficio, quienes, por exceso de trabajo, no ofrecen garantías en la calidad de sus servicios profesionales. Así, el sistema de justicia se transforma en mayor injusticia, discriminación social y violación a los derechos humanos.
Las ?responsabilidades humanas? tampoco las cumplimos por no querer o no convenirnos; la falta de cultura para la denuncia es un buen testimonio.
Los grupos internacionales, entre ellos Transparencia Internacional, nos señalan como país deficiente en aplicación de justicia, hecho que desencadena un circuito negativo, va desde corrupción favorecedora de impunidad, inseguridad y desobediencia cívica, hasta problemas económicos, al generar desconfianza en inversionistas, otro factor de empobrecimiento. Cambiar la tendencia es trabajo que requiere constancia, perseverancia y años de esfuerzo; frenar los índices de corrupción es el primer paso y eso podemos lograrlo en el corto plazo, con el esfuerzo común. ¿Le entramos?
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