“El mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza”.
Oscar Wilde
Hace apenas unos días la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa para despenalizar la difamación. La idea de los legisladores era evitar que se siga utilizando la amenaza de cárcel en contra de periodistas que sólo han cometido el delito de informar con verdad sobre asuntos de interés público. No hay duda de que el caso de Lydia Cacho, la periodista que fue detenida en Cancún y llevada con ánimo intimidatorio a Puebla, pesó poderosamente sobre el ánimo de los legisladores. Por eso el voto fue de 361 diputados a favor y ninguno en contra.
El problema es que casi todos los casos de difamación se dirimen en el fuero común por lo que la despenalización a nivel federal carece de implicaciones prácticas. De ahí la necesidad de que esta modernización a la Ley se haga en cada una de las entidades de la federación.
En el Distrito Federal todo parecería listo para dar ese paso. El dictamen ya está preparado y tiene el respaldo de la mayoritaria fracción perredista en la Asamblea Legislativa así como de la Procuraduría General de Justicia y de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Pero a partir de que un grupo de diputados del PRI se opuso a la iniciativa, a pesar de su partido votó sin problemas a favor en la Cámara de Diputados federal, la nueva Ley se ha quedado atorada en la Asamblea Legislativa. El problema es que esta es la última semana de la Legislatura. Si la iniciativa no se aprueba ahora, es difícil saber lo que podría pasar en el futuro. En septiembre entrará a la Asamblea una nueva camada de diputados. Y éstos tendrán agendas distintas a las de los actuales legisladores. La oportunidad de aprobar esta enmienda al Código Penal, de hecho, podría perderse definitivamente.
La actual legislación sobre difamación en el Distrito Federal, como en el resto de las entidades de la Federación, resulta inaceptable. Es evidente que la sociedad debe tener la capacidad de castigar la calumnia y la difamación. Pero en otros países más avanzados esto se hace por la vía civil y no por la penal. Lo único que hicieron los diputados federales el 18 de abril, o lo que harían los del Distrito Federal en caso de despenalizar la difamación, sería colocarnos en línea con muchos países desarrollados que han considerado que los delitos contra el honor deben castigarse en los códigos civiles.
Nuestra actual legislación hace responsable del delito de difamación al que “con ánimo de dañar... comunique... la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar o cause a ésta una afectación en su honor, dignidad o reputación” (Artículo 214, Código Penal del Distrito Federal).
Esta redacción es sumamente peligrosa porque permite cualquier tipo de abuso en contra de la libertad de expresión. No es necesario que se afecten el honor, la dignidad o la reputación de una persona; basta con que se “pueda causar” esa afectación, lo cual deja este delito en el campo de la subjetividad. El hecho que se impute, por otra parte, puede ser “determinado o indeterminado”, lo cual hace posible castigar a alguien por una imputación que ni siquiera se ha definido.
El elemento más pernicioso de la Ley, sin embargo, es que para que haya difamación poco importa que la imputación sea cierta o falsa. En otras palabras, la verdad no es defensa en una acusación por difamación. Si yo acuso a una persona de corrupción y lo pruebo, de cualquier manera puedo ser condenado por difamación.
Cada vez es más común el uso de esta figura de difamación para hostigar o amedrentar a periodistas. Si la Ley se lleva a sus extremos lógicos, como algunos jueces lo están haciendo, el resultado será cancelar la libertad de expresión que supuestamente garantizan los artículos sexto y séptimo de la Constitución. No puede pretenderse que “la manifestación de las ideas” no será “objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa” ni que será “inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia” si queda prohibida la divulgación de un hecho cierto de interés público porque afecta el honor, la dignidad o la reputación de una persona.
Es el momento de cambiar la Ley en las entidades como se ha hecho ya a nivel federal. El primer paso puede darse esta misma semana en la Ciudad de México. El dictamen ya está listo y la votación puede darse antes de que termine la Legislatura. De lo contrario la iniciativa quedará en la congeladora y la libertad de expresión en la capital seguirá viviendo bajo la espada de Damocles. ¿Es esto lo que quieren nuestros legisladores?
Y EL GANADOR ES...
El primer debate entre los candidatos ya tuvo lugar. Pero el verdadero debate empezó al terminar el rígido encuentro en que cuatro de los aspirantes a gobernarnos intercambiaron discursos y propuestas. Ahora estamos viendo el debate para convencernos de quién es el ganador. Y la experiencia nos demuestra que el verdadero triunfador de un debate político no es el que demuestre más inteligencia o presencia física, ni el que hace las mejores propuestas, sino el que logra convencer a más gente de que fue el verdadero ganador.
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