El cuidado del patrimonio histórico de las ciudades debe corresponder a las instancias federales: regidores
El Siglo de Durango
Contrastaste es la opinión de las regidoras Claudia Hernández Espino y Luz Amalia Ibarra Gómez, respecto de si el Municipio es o no capaz de absorber las facultades de control sobre el patrimonio histórico y cultural en caso de que desaparezca el INAH.
La regidora panista Hernández Espino, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento capitalino, consideró que el Gobierno Municipal no está en condiciones de asumir las potestades de la dependencia federal.
Por su parte, Ibarra Gómez, integrante de la fracción de regidores del PRI, señaló que en términos generales el Municipio está preparado para cumplir con las obligaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en caso de que éste se disuelva.
Cuestionadas ambas sobre la propuesta del Senado de disolver al INAH y que sus funciones las administren los Gobiernos locales, estatales y municipales, las entrevistadas expresaron visiones totalmente distintas respecto del tema.
Las dos reconocieron que desconocen la propuesta, que se analiza en la Cámara de Diputados. Claudia Hernández atajó: ?creo que por la corta duración de los gobiernos municipales es mejor que la protección que hace el INAH la haga una instancia sexenal?.
?Habría que analizarlo, pero en estos momentos no visualizo que el Municipio pueda tener ese tipo de funciones. Es duro el INAH, y por eso creo que el cuidado del patrimonio histórico de las ciudades debe corresponder a las instancias federales?, añadió la funcionaria de extracción panista.
Luz Amalia Ibarra, en contraste con lo dicho por Hernández, estimó que la Dirección de Obras Públicas del Municipio sí tiene la capacidad de absorber las facultades de control y cuidado que actualmente asume el INAH, si es que éste desaparece.
?Antiguamente en el Municipio existía un departamento de preservación del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, y funcionaba muy bien. Pero, desde luego que le faltaba reglamentación que permitiera evitar que se dañaran edificios históricos?, expuso la priista.
Agregó que con los fundamentos legales ?y un poco más de presupuesto?, el Gobierno Municipal puede hacerse cargo de esta situación, porque conoce a fondo, no sólo la historia, sino la infraestructura arquitectónica e histórica del municipio de Durango.
Ibarra indicó que si prospera la propuesta de desaparecer al INAH, la misma rigidez de sus normas y criterios se debe ceder a las instancias locales que asuman las facultades de dicho instituto, para evitar que se flexibilice el cuidado del patrimonio de la ciudad.
Protesta
El pasado mes de mayo, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Luciano Cedillo Álvarez, acusó a los senadores de atentar contra el patrimonio cultural de interés nacional y general, al presentar un dictamen que propone reformar la Constitución Política del país, para un manejo fragmentado del patrimonio de México por parte de las entidades federativas y municipios.
?A través de un comunicado firmado por toda la estructura directiva y de coordinación del INAH, Cedillo Álvarez se refiere al dictamen aprobado en el pleno de la Cámara de Senadores el 27 de abril, en la última sesión celebrada en el segundo periodo ordinario de la LlX Legislatura?.
?Después de una breve descripción y nula discusión con pobres argumentaciones a favor del mismo, aprobaron la propuesta en lo general, por 80 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención?.
"De aprobarse la reforma constitucional en las materias de patrimonio paleontológico, arqueológico, artístico e histórico, implicaría la abrogación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (vigente desde 1972), y todas las disposiciones derivadas de ella...?.
?Y por ende, la necesaria expedición de una ley general que establezca la responsabilidad de cada ámbito competencial y, posteriormente, la emisión de leyes por los congresos legislativos de los estados. Además de establecerse la descentralización de las funciones en las materias de patrimonio cultural y otros como la administración de bienes nacionales?, dijo Cedillo en su comunicado.
El Director establece en el comunicado que el patrimonio arqueológico constituido por los bienes muebles e inmuebles, producto de las culturas establecidas en el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, es propiedad de la nación y en consecuencia su conservación, investigación, difusión y legislación, le corresponden indiscutiblemente al Gobierno Federal.
Lo anterior, pues ello es de interés general y no pueden atribuírsele a ninguna entidad federativa dichas funciones, ya que no sólo le interesa su conservación al estado donde se ubiquen geográficamente dichos bienes, sino a toda la población mexicana. Por tal motivo, le corresponde a la Federación realizar tales tareas.
