EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- El Juzgado Tercero de Distrito difirió la fecha de la audiencia constitucional programada para el día de ayer dentro del juicio de amparo que promovieron tres contribuyentes en contra del bono de marcha de 130 mil pesos que se autorizaron los regidores de la Administración 2003-2005. Los quejosos consideran que los ex regidores están ?chicaneando? el juicio para evitar que se estudie el fondo de la demanda.
Como se informó en su oportunidad, la demanda de amparo la presentaron Fernando Rangel de León, Juan Antonio Abusaid Rodríguez y el actual director de Autotransporte, Ernesto Cuéllar Galindo, el 23 de diciembre de 2005, horas después de que los entonces regidores se autorizaron en la sesión de Cabildo el bono de marcha.
Rangel de León informó que la audiencia se difirió por el recurso de queja que interpuso el ex síndico, Carlos Lauro Romo Vázquez, ante el Tribunal Colegiado de Circuito en contra del acto admisorio de la demanda de amparo, manifestando que es improcedente el juicio.
Antes de otorgar una nueva fecha para la audiencia constitucional, el Juzgado de Distrito ahora debe esperar a que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva el recurso de queja que interpuso el ex síndico, por esta razón, Rangel de León dijo que es evidente que los ex regidores están tratando de darle largas al asunto, para evitar que el juez de Distrito estudie el fondo de la demanda y emita su sentencia.
El día de ayer los quejosos acudieron a la Presidencia Municipal para darle seguimiento al recurso de inconformidad que promovieron ante la Secretaría del Ayuntamiento, para tratar de que el Cabildo revoque el acuerdo que tomaron los anteriores regidores el 23 de diciembre, para otorgarse el bono.
Fernando Rangel agregó que existe la posibilidad de que la actual Administración revoque el acuerdo antes de que se resuelva el juicio de amparo, y aunque reconoció que si los regidores deciden revocar el acuerdo del 23 de diciembre pasado, el problema no terminaría ahí porque seguramente los ex ediles presentarían una demanda de amparo para tratar de evitar a toda costa que los obliguen a regresar el dinero, pero sería importante sentar ese antecedente de la revocación del acuerdo.
El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Walss Aurioles, informó que la Dirección Jurídica tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir el dictamen sobre el recurso de inconformidad, para que el Cabildo lo valore y vote por la revocación del acuerdo o la ratificación del mismo.
