Todas las vertientes de la elección presidencial, incluido el reciente recuento ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), confluirán pronto en una sola alternativa: democracia o desobediencia civil.
Estos escenarios, sin eliminar la insurrección misma, son los que básicamente podrían presentarse. Veamos:
Si el Trife determina que no hubo irregularidades graves o diferencias mayores en la votación del dos de julio y en consecuencia emite un dictamen para declarar presidente electo a Felipe Calderón, la coalición Por el Bien de Todos se inconformará y podría radicalizarse más, hasta llegar a desconocer a las instituciones y romper con el Estado de Derecho e iniciar propiamente un movimiento insurreccional, bajo la modalidad que se quiera, pero insurrectos al fin y al cabo.
Claro, el PRD y las distintas fuerzas y organizaciones de izquierda tendrían que tomar una decisión verdaderamente trascendental -aunque a la vista no haya por el momento una posición unánime al respecto–, lo cual derivaría también en que sus diputados y senadores electos rindan protesta o no para sus cargos legislativos en el Congreso de la Unión. De igual forma, se abre una disfuncionalidad en el caso del nuevo jefe de Gobierno y los delegados políticos, puesto que una medida a fondo de López Obrador no se aceptaría, con acciones a medias o incongruencias evidentes.
Otro escenario sería que se anulara la votación de las casillas que denuncia el PRD y en el recuento derivado de ese hecho se ubicara López Obrador como virtual ganador, lo que sería inaceptable para el PAN y el propio Calderón, con todas las fuerzas empresariales, mediáticas y civiles que lo apoyan plenamente.
Y por último, está la posibilidad remota de que el Trife determinara abrir nueva paquetería electoral por un tanto igual o mayor del que se dispuso en la primera revisión, e incluso que llegara a ordenar un recuento total –decisión que, siendo realistas, sería aún más difícil que ocurriera–, lo cual alargaría más el conflicto post electoral, con un desenlace impredecible.
Como se ve, cualquier decisión que se adopte implica dificultades y consecuencias de pronóstico reservado, de tal manera que la resolución del Trife podrá irse encauzando por un escenario que arroje los menores daños y perjuicios, pero ajustándose sin menoscabo hacia una legalidad comprobable, pues un laudo erróneo sería suicida y cualquier paso en falso resultaría dañino para la supervivencia de las instituciones electorales.
Por lo que toca a los otros partidos, es evidente que algunos tienen su posición ya muy bien definida. Así, el PRI dio un viraje y se suma al PAN, como se muestra ahora en vísperas de las elecciones gubernamentales en Chiapas y en la previsible conformación de un bloque en la Cámara de Diputados, al que seguramente se sumará el Partido Verde Ecologista. Por su parte, Convergencia y el PT, aunque participaron electoralmente con el PRD, tendrán que redefinir su posición a partir de las próximas semanas, cuando el Tribunal emita su fallo definitivo.
De igual manera, otros grupos y fuerzas sociales, sean de izquierda o de derecha, que no fueron tan visibles en las campañas electorales, tendrán que definirse públicamente.
Mientras tanto, la sociedad civil está en ascuas y polarizada, aunque se percibe que la mayoría quiere la paz y la tranquilidad y anhela que esta etapa ya concluya para que la semiparálisis actual desaparezca y no se vuelva a hablar más de elecciones presidenciales, sino hasta 2012.
Y así como ocurrió con el “Día D” en los años cuarenta -que en opinión de algunos fue determinante para marcar el rumbo de la historia del siglo XX-, guardadas todas las proporciones, podría darse ahora el “Día T” (de Trife), que señale el camino de México para los próximos años.
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