Se trata de cuestionar los magros resultados de LIX Legislatura del Congreso de la Unión, cuya gestión fue decepcionante en lo general, pues no emprendió ninguna de las reformas esenciales que requiere el país, más aún en el plano político, tema tan vigente en este debate electoral.
En plena efervescencia de la fase post electoral luego de los comicios federales del dos de julio, las dudas y las preguntas continúan.
Pero por esta ocasión no me referiré a las impugnaciones de los principales partidos, especialmente las del PRD, sino a una cuestión de vital importancia que en estos momentos implica gravemente al Poder Legislativo.
Se trata de cuestionar los magros resultados de LIX Legislatura del Congreso de la Unión, cuya gestión fue decepcionante en lo general, pues no emprendió ninguna de las reformas esenciales que requiere el país, más aún en el plano político, tema tan vigente en este debate electoral.
Casi nadie ha vuelto los ojos hacia diputados y senadores ni ha puesto la mira sobre la irresponsabilidad de estos dizque representantes populares, quienes de haber actuado a tiempo y mostrado sensibilidad y voluntad para anticiparse a la problemática política que se avizoraba claramente -al menos desde el año pasado- en el horizonte de julio de 2006, habrían impedido que nuestra sociedad se sumiera en la incertidumbre y se viera mermado el sistema político electoral, como ocurre ahora, donde hasta el Instituto Federal Electoral padece una crisis de credibilidad.
Como parte de una necesaria reforma política, debió promoverse el establecimiento de la llamada segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Esta modalidad, que ya existe en muchos países sin distingo de su desarrollo económico, permitiría dirimir la elección de un presidente en caso que ningún candidato lograra durante la primera vuelta electoral más de 50 por ciento de los votos ciudadanos, ya no se diga con resultados tan apretados en sus cifras, como ahora ocurre en México.
De haber sido así, en este momento estaríamos perfilándonos con toda normalidad hacia una segunda etapa electoral con tan sólo dos contendientes. No habría, pues, mayores estremecimientos ni pugnas y pronto tendríamos un presidente electo de manera clara e indiscutible.
Por eso debemos dirigir también la crítica hacia los diputados y senadores omisos, irresponsables y negligentes, que en esa medida han favorecido la crisis y la inestabilidad, aunque sea sólo coyuntural y pasajera, como lo deseamos.
Mientras tanto, no queda otra que apegarnos a la legislación vigente, esperar el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, cuando ocurra, acatar su decisión.
Ya veremos si en el futuro, ojalá que antes de 2012, México ingresa de una vez por todas a un periodo de modernidad política y desarrollo estable y equitativo que tanto hemos exigido? y hasta soñado.
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