Se acerca Navidad y el Senado podría regalarle a la sociedad una elección transparente de dos de los consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De hacerlo corregirían la opacidad tradicional y en caso de que su elección fuera la correcta podría mejorar el trabajo de un organismo estratégico.
Tenemos un gigantesco y costoso tejido institucional dedicado a proteger los derechos humanos y aún así sigue violándoseles y en algunos lugares con la saña del pasado. La CNDH es el organismo más importante por la amplitud de su mandato y por el tamaño de su presupuesto (742 millones para 2006). Sin embargo, son frecuentes las críticas a sus acciones y omisiones y cuesta trabajo confirmarlas o refutarlas porque se ignora bastante sobre lo que hace y deja de hacer. No hay ninguna duda que ha utilizado su autonomía para reforzar hasta donde le es posible las murallas del hermetismo; es muy complicado acceder a la información que atesora.
De los casos que podría citar menciono el de un investigador de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, quien solicitó copias de dos expedientes sobre quejas contra el sistema penitenciario. Es correcto que como parte de su tarea la CNDH proteja los datos personales tachándolos de las 964 fotocopias de dichos expedientes; es un despropósito que quiera cobrar por el trabajo casi 90 mil pesos ó ¡93 pesos por fotocopia! Por tratarse, entre otras cosas, de una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe a los gobiernos obstaculizar, con medidas indirectas, el acceso a la información, FUNDAR se amparó para defender un derecho... contra el organismo cuya función es salvaguardarlos. Así de peculiar y barroca puede llegar a ser la transición mexicana.
Situaciones como ésta han sido posibles porque el Senado ha incumplido con su obligación de monitorear a la CNDH (por ejemplo, jamás le ha hecho o mandado hacer una evaluación integral) y porque en los últimos 16 años ha mantenido en la penumbra los métodos y criterios seguidos para nombrar al presidente de la CNDH y a sus diez consejeros. La renovación de las plazas que dejan vacantes Sergio García Ramírez y Loretta Ortiz, permitirían que el Senado demostrara su compromiso con la transparencia.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, presidida por Doña Rosario Ibarra de Piedra, ha enviado señales encontradas. En un primer momento hubo apertura porque el 16 de noviembre publicaron en algunos diarios una convocatoria para la nominación de candidatos. A partir del cierre de la convocatoria (24 de noviembre) regresamos a la opacidad de siempre porque no han difundido información oficial sobre los nombres de las y los postulados, sobre los organismos que los propusieron o sobre el procedimiento que aplicarán en el nombramiento.
Para adecuarse a los tiempos de transparencia Doña Rosario podría publicar toda la información, explicitar los criterios y hasta convocar a comparecencias públicas transmitidas por el canal del Congreso. Sería la forma más obvia de que pudiéramos constatar el perfil de quienes están dispuestos a servir honoríficamente en el Consejo Ciudadano de un organismo fundamental en el combate a las violaciones de derechos humanos. Es posible que se argumente en contra de este tipo de procedimiento por el tiempo que lleva; sin embargo, todo el proceso ya es extemporáneo porque debió haberse hecho en octubre. Más vale una selección impecable que la habitual prisa desaseada.
Desaseo y opacidad que podrían haberse consumado en el momento de aparecer esta columna. Para el martes 19 de diciembre por la tarde estaba programada una sesión de la Comisión senatorial y es posible que hayan aprobado un dictamen para presentarse al pleno sin haber difundido con anticipación un mínimo de información. Al día de hoy sólo hay rumores.
Otro factor a considerar por el Senado es que la polarización heredada de 2006 podría reducirse buscando, en la medida de lo posible, que los Consejos Ciudadanos de los organismos públicos fueran lo más representativos posibles. Es absurda la tendencia de quienes los presiden de controlarlos nombrando a sus amigos o favorecedores. Es desafortunado que la CNDH tienda a la uniformidad en el perfil de sus directivos y de sus diez consejeros; ninguno proviene de los organismos civiles de derechos humanos que pelearon contra la represión, la tortura y los desaparecidos. Qué siguen peleando porque en Oaxaca -para dar el ejemplo más obvio en estos momentos— los asesinatos y la tortura siguen en la impunidad mientras continúan los acosos y las persecuciones.
Parecería sensato que el Senado incorporara a dos consejeros cercanos a esa corriente. A riesgo de incurrir en omisiones por la falta de información oficial, he conocido de manera extraoficial los nombres de algunos nominados que encajan con ese perfil. Sería el caso de Ernesto Izunsa, secretario académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; de José Luis Pérez Canchola, el primer ombudsman de Baja California que jugó un excelente papel; y de Gloria Ramírez educadora en derechos humanos premiada por la UNESCO y actual presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
En este proceso será determinante el peso de la senadora Rosario Ibarra de Piedra quien conoce muy bien ese movimiento por haber participado en él durante décadas. Es obvio que la selección de los consejeros dependerá de los votos de otros partidos, pero de Doña Rosario depende la difusión de quién postuló a quién, y por qué, y cuáles fueron los razonamientos de quienes tomarán la decisión. La importancia de los cargos amerita una transparencia que hasta ahora ha estado ausente de los nombramientos de quienes integran el principal organismo público dedicado a la defensa de nuestros derechos. Sería una buena forma de celebrar la Navidad y contribuir a ver con mayor optimismo el futuro.
La miscelánea
En la década que llevo escribiendo para el Grupo Reforma he constatado, una y otra vez, el respeto de esa casa hacia todos los puntos de vista; en mi caso he ejercido semana a semana mi libertad de expresión sin restricción alguna. Por eso mismo me parecen inaceptables los ataques personales lanzados por TV Azteca contra Alejandro Junco de la Vega, presidente y director general, a quien expreso públicamente mi afecto y solidaridad.
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