Hoy viernes, el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) iniciará, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado y en conjunto con el Ayuntamiento de Torreón y el Colegio de Arquitectos, el estudio “definitivo” de la obra más importante y polémica de la Administración de Enrique Martínez y Martínez en Torreón: el Distribuidor Vial Revolución (DVR).
Según el titular de la dependencia estatal, Eduardo Olmos Castro, la revisión tendrá un costo de tres millones y medio de pesos y podría arrojar los resultados completos en tres meses y medio. El análisis, que servirá para conocer el origen de las fallas de la estructura y deslindar responsabilidades penales y administrativas, incluirá “mecanismos geotérmicos y modelos geométricos computarizados para la evaluación de los viaductos”, además de los estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto (IMCYC).
El estudio que hoy inicia debe entenderse como el fruto de los cuestionamientos de la sociedad torreonense frente a la incertidumbre que no debe caber en una obra de la envergadura del DVR.
No hay que olvidar que esa incertidumbre surgió a raíz del trágico accidente del siete de febrero de 2004, a unos cuantos días de inaugurado, en el que un joven perdió la vida al caer de un viaducto el tráiler en el que viajaba como copiloto. Un año y medio después, el 28 de agosto de 2005, otro vehículo de carga cayó de una de las superestructuras, causando heridas mortales al chofer.
Desde un principio y a través de documentados reportajes, El Siglo de Torreón denunció las fallas en la construcción del DVR, fallas que posteriormente fueron confirmadas por la propia bitácora de obra publicada, en parte, en las páginas de este periódico.
No obstante las evidencias y las fuertes críticas de parte del sector empresarial y de la ciudadanía, el Gobierno de Coahuila, pese a los ajustes que mandó hacer, siempre negó que hubiera errores. La Tercería realizada por la UNAM a solicitud de la propia Administración Estatal, satisfizo a pocos porque no se hacía una revisión de la estructura final sino del proyecto original.
Esta larga y amarga historia de controversia, parece que hoy entra en su etapa final con el estudio “definitivo” que harán los ingenieros de la UANL. No obstante, la sociedad debe mantenerse a la expectativa y exigir que se llegue en realidad al fondo del asunto, en cuanto a reparaciones y responsabilidades, para que el caso sirva de precedente y los torreonenses puedan contar, de aquí en adelante, con obras de la calidad que se merecen.
