REACCIÓN |AFIRMA EL GOBERNADOR QUE NO LE TEMBLARÁ LA MANO PARA FINCAR RESPONSABILIDADES.
EL SIGLO DE TORREÓN
Se construirá un nuevo puente cuyo costo será de alrededor de 90 millones de pesos.
TORREÓN, COAH.- Se construirá un nuevo Distribuidor Vial Revolución (DVR). El Gobierno de Humberto Moreira Valdés atenderá el dictamen del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y demolerá los cuatro puentes que integran este complejo vial, garantiza además que no habrá impunidad. ?No me temblará la mano?, advirtió.
Los responsables de esta obra mal hecha tendrán nombre y apellido y se darán a conocer una vez deslindadas las responsabilidades, en el área jurídica que atiende la Secretaría de la Función Pública y adelanta que él no será cómplice de nadie.
También declaró que el costo de la nueva obra se estima en alrededor de 90 millones de pesos y por razones de emergencia, lo absorberá el Gobierno del Estado con recursos procedentes de los excedentes petroleros, en tanto, lo regresan al erario los que resulten responsables ya que las fianzas de las empresas que hicieron la obra, están vigentes.
Y admite que posiblemente la decisión de que su Gobierno financie la nueva construcción no sea bien aceptada por los ciudadanos ya que finalmente se tomarán de nueva cuenta recursos públicos para ella, pero expresó su prioridad: que haya un puente funcional y seguro el ciento por ciento y que ni una persona más muera a causa de las condiciones en que se encuentra, además expresa que no quiere obras ?parchadas?.
Moreira lamenta tener que tumbar otro puente. Cuando fue alcalde en Saltillo, denunció una obra mal hecha, ordenó una investigación y como resultado de ésta se tumbó el puente Otilio González. Mientras se deslindaron responsabilidades, no les pagó a los constructores. En ese caso se hizo una obra nueva y los responsables pagaron.
?Yo soy el principal inconforme con tener que aportar ese dinero que ni tengo, con los que puedo pavimentar decenas de calles o atender comunidades pobres. Yo no hice los puentes, ni el DVR ni el Otilio, pero soy yo el que tengo que tumbarlos porque están mal hechos?.
Al gobernador Moreira Valdés no le preocupa el aspecto jurídico porque se siente seguro de las acciones que sabrá hacer la Secretaría de la Función Pública, por el amplio expediente que tiene al respecto y que ahora se engrosa con el dictamen técnico. Por ello, hay la seguridad de que se fincarán las responsabilidades bajo sustento y que se recuperará el dinero.
?A mí me preocupa que se arreglen las cosas y no me voy a quedar callado?.
DESCARTAN QUE SEA CUESTIÓN POLÍTICA
Humberto Moreira no teme a un eventual costo político que tenga esta medida drástica de tumbar una obra como el DVR que costó 140 millones de pesos aparte de los cinco millones de pesos de los estudios y las cuatro reparaciones que llegaron a los 20 millones de pesos.
Indica que se licitará la demolición y la nueva construcción.
Para el gobernador, las acciones que emprenderá no son una cuestión política, sino una acción de Gobierno, de atender a la seguridad pública de los laguneros.
Responsabilizan a Enrique Martínez
Empresarios responsabilizan a la Administración de Enrique Martínez y Martínez por los errores que actualmente presenta el Distribuidor Vial Revolución, por la opacidad de las autoridades en la entrega de resultados.
El reclamo de la Iniciativa Privada es generalizado: el Gobierno del Estado se habría ahorrado recursos, tiempo y accidentes si la anterior Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, a cargo de Jorge Viesca Martínez, se hubiese manejado con transparencia, y no en su postura de defensa a las empresas constructoras del DVR.
Fernando Royo Díaz Rivera, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pide el deslinde de responsabilidades a los culpables de los errores en el DVR y el pago de consecuencias tanto económicas como legales de sus acciones.
?La gente se puede equivocar, pero si el error viene acompañado con ocultamientos o supuestas complicidades, ya no son equivocaciones?, manifiesta, ?inclusive tuvimos campañas de publicidad en contra patrocinadas desde el Gobierno del Estado, se gastó más dinero público en difamar, en atacar a la sociedad, que lo único que pedía era transparencia y que se dijera la verdad?.
A la fecha, han sido cerca de cinco millones de pesos en estudios sobre el estado de la obra, además de los 140 millones de pesos que costó originalmente el DVR a la sociedad. Ante el dictamen presentado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que propone la reparación de los puentes o la demolición de los cuatro viaductos que integran el Distribuidor, el sector empresarial exige acciones inmediatas en la obra, así como la comparencia de los responsables de los errores.
Para los empresarios, la duda es ¿quién va a pagar por las reparaciones o demolición y reconstrucción del DVR? De antemano, rechazan que la sociedad corra con más gastos de la obra. Omar Gutiérrez de Anda, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana en Torreón, señala que esta situación tan delicada debe dejar un precedente: ?¿quién va a ser responsable de estas anomalías que cometieron tanto el constructor como la autoridad?
?Es triste que no se hayan tomado las debidas precauciones, tanto en el proyecto como en la construcción, duró demasiado tiempo como para que esto se hubiera detenido?, indica, ?estos ejes viales definitivamente son muy necesarios para Torreón, de inmediato se debe empezar con la reconstrucción?.
Gutiérrez de Anda expone que, técnicamente, ya se determinó que el DVR está mal construido, pero también deben ser llamados a comparecer los que autorizaron que se construyera aún con todos los errores que se han señalado en la obra.
?¿Quién va a pagar los platos rotos??, dice Ricardo González Aguilera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Refiere que las dos soluciones serían buenas, pero insiste en la necesidad de un deslinde de responsabilidades.
