“Dejad que el castigo sea equivalente a la ofensa”. Cicerón
Me queda claro que algún tipo de sanción debía aplicársele al Hotel María Isabel-Sheraton por haber violado la legislación mexicana al acatar una orden del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para expulsar a una delegación cubana que participaba en una serie de reuniones. El castigo que quiere asestarle la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, sin embargo, va mucho más allá de cualquier medida razonable.
En unas declaraciones a reporteros en la escalinata de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donde debía comparecer, Victoria Jaramillo, la jefa delegacional, anunció que en cinco días hábiles se procederá a la clausura del hotel. No señaló que éste fuera un cierre temporal, sino que dejó entrever que sería definitivo. La jefa delegacional no señaló como causal de la decisión la expulsión de los cubanos, sino que dijo que, con motivo de las inspecciones hechas al hotel por esa acción, se encontraron irregularidades que simplemente no pueden corregirse.
Según Jaramillo, el hotel tiene tres mil metros cuadrados de construcción no autorizada. Carece, además, de autorización a su programa interno de protección civil. No tiene licencias de funcionamiento para dos de sus bares. Y le faltan 900 cajones de estacionamiento. La jefa delegacional señaló que el hotel cuenta con cinco días hábiles para presentar un escrito de observaciones a la inspección realizada. Después de ese lapso, se procederá a su clausura.
Yo mismo apunté en esta columna hace unos días que México no puede aceptar que Estados Unidos imponga sus Leyes en nuestro territorio. Esto es precisamente lo que trata de hacer el Estatuto de Libertad Cubana o Cuban Liberty Act de 1996, mejor conocido como la Ley Helms-Burton.
En México, de hecho, hay una “Ley antídoto”, la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, también de 1996, que específicamente prohíbe la aplicación de esa legislación estadounidense.
Pero la sanción que la delegada Jaramillo está anunciando y que parece prefigurar la clausura definitiva del hotel, se antoja desproporcionada y fuera de lugar.
La impresión que me deja es que estamos más ante una venganza, o en todo caso frente a un intento por aprovechar políticamente la falta cometida por el hotel, que frente a una verdadera acción de justicia.
Resulta cuando menos sospechoso que las autoridades delegacionales súbitamente se encuentren con irregularidades tan grandes en un establecimiento que ha estado operando sin problemas desde hace casi medio siglo.
O las autoridades de la delegación no han hecho su trabajo desde hace décadas -y aquí se incluyen los nueve años de gobiernos perredistas- y han permitido que funcione en el Paseo de la Reforma un hotel que notoriamente viola tantos reglamentos o estamos viendo una injusta persecución de una empresa.
Si realmente el María Isabel- Sheraton hubiese actuado con tanta impunidad durante tanto tiempo frente a los reglamentos delegacionales, todos deberíamos sentir un gran temor. Esto significaría, seguramente, que la mayoría de los hoteles y edificios públicos de la zona o de la ciudad presentaría las mismas irregularidades.
O quizá la implicación sería que los reglamentos para la operación de establecimiento mercantiles en la Ciudad de México son tan absurdos que nadie, ni siquiera uno de los hoteles con más prestigio y más tiempo de funcionamiento, puede cumplirlos. Pero no hay que preocuparnos demasiado, por lo menos no por estas posibilidades.
Todo parece indicar que, efectivamente, estamos viendo una simple maniobra política o una venganza. Los gobernantes del Distrito Federal, empeñados en impulsar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, han captado la indignación de los mexicanos ante el torpe intento de Washington por imponer su Ley en México; y frente a las indecisiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, símbolo del Gobierno panista, han querido colgarse la medallita de la defensa de la soberanía nacional.
Puede entenderse la oportunidad política de la maniobra, pero los mexicanos debemos entender que esto no es justicia. Por otra parte, ¿qué hará el Gobierno de la Ciudad de México con los empleos perdidos y con el predio abandonado si tiene éxito su clausura del María Isabel?
¿Ocupará a los cientos de desempleados del hotel en la burocracia o les entregará metros cuadrados de acera para que se incorporen a la economía informal?
¿Dejará que se pudra el edificio por décadas como ocurre con tantos otros en la ciudad? Y ¿cuál será el mensaje para los inversionistas: que en México prevalece la venganza política antes que la Ley?
GUERRA DE CIVILIZACIONES
El tiempo sigue dándole la razón al pensador estadounidense Samuel Huntington creador del concepto de la guerra de las civilizaciones. Los países occidentales y los musulmanes están viendo la controversia sobre las caricaturas del profeta Mahoma desde puntos de vista radicalmente distintos. No parece haber diálogo posible. Súbitamente estamos obligados a recordar que por milenios las comunidades se han matado en nombre de Dios.
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