A través de los años los desfiles del primero de mayo se convirtieron en un requisito para cumplir con el protocolo de una fecha oficial. Los líderes sindicales poco se preocupaban por las condiciones de sus trabajadores y el Gobierno cerraba los ojos ante los actos de corrupción.
Hoy las cosas han cambiado, pero por desgracia para mal. La corrupción no se ha combatido en su verdadera dimensión y únicamente se ha convertido en el caso de los mineros, en un pretexto para perseguir al líder de éstos, Napoleón Gómez Urrutia.
Los malos manejos a este conflicto por parte del Gobierno Federal han logrado que todos los sindicatos, después de mucho tiempo, se unieran en una megamarcha el primero de mayo para exigir la renuncia del secretario del Trabajo, Francisco Salazar, pero también para manifestarse contra lo que ellos llaman una política represiva tras los hechos ocurridos en Sicartsa.
Ante esta situación el Frente Nacional de Sindicatos anunció un plan de “desobediencia civil” que incluye un emplazamiento a huelga nacional y el llamado a no votar por el PAN. También prevén un boicot para no consumir energía eléctrica ni gasolina durante una hora.
Dichas amenazas poco favor le hacen al país a escasos meses de realizarse las elecciones. El costo político por las malas decisiones puede ser alto, de ser así la factura sería pagada por Felipe Calderón el próximo dos de julio.
Es necesario crear las condiciones necesarias para que los trabajadores laboren con tranquilidad y en plena autonomía en sus decisiones sindicales. El conflicto con el sindicato minero ya se alargó por más de dos meses, de ahí la urgencia de llegar a una solución antes que se lleve a cabo el proceso electoral el próximo dos de julio.
