Tan atenta que es la Secretaría del Trabajo a la legalidad interna del sindicato minero, que ahora está metida en un complicado brete, aunque también puede encontrar la salida del embrollo en que se metió hace un mes.
Si atendió con tanta premura la notificación de un órgano de ese sindicato para deponer a su secretario general Napoleón Gómez Urrutia -presentada informalmente, sin documentación que acreditara su contenido-, ¿qué hará ahora ante la decisión de otra instancia sindical, la de mayor jerarquía, que le informa de lo contrario y le pide tomar nota de la ratificación del líder depuesto sólo en la imaginación de quienes planearon su caída?
El 17 de febrero pasado, horas antes de la tragedia en Pasta de Conchos, una tropa de muchachos mercenarios, de cuyo paradero y previa contratación no ha informado nada el Ministerio Público local ante quien se denunciaron los hechos, asaltó las instalaciones del sindicato minero, que comprenden las oficinas, un auditorio usualmente alquilado como teatro y un hotel. En apariencia los invasores sólo asustaron al personal y a los huéspedes -trabajadores mineros también- o acaso buscaban documentación. Lo cierto es que provocaron gran desorden. Pareció entonces que la tropelía estaba relacionada con el litigio por el control del Congreso del Trabajo, pues Gómez Urrutia figura entre los opositores de Víctor Flores, el dirigente ferroviario inclinado a la acción directa, a quien el secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar -ex líder de un sindicato blanco universitario- consagró como presidente de aquella cúpula, no obstante la flagrante violación a su estatuto interno.
Después supimos que ese misma día Gómez Urrutia había dejado de ser, para el secretario, líder de su gremio, pues se había tomado nota de un presunto acuerdo del consejo de vigilancia, notificado por dos de sus miembros, Juan Luis Zúñiga y Juan Pablo Patiño Rocha.
No sólo habían removido a Gómez Urrutia y su comité, sino que habían designado a Elías Morales a la cabeza de otra mesa directiva. Tan expeditamente procedió la secretaría a bendecir esas decisiones, que ni siquiera pidió a los promoventes que se identificaran. De haberse presentado dos personas ostentándose como tales, fueron impostores si atendemos el desmentido que ambos formularon al anunciar que sus nombres habían sido utilizados sin su autorización.
Quizá Patiño Rocha mintió al desmentir y sí firmó la petición que hizo a Morales líder en vez de Gómez Urrutia, porque fue depuesto de su cargo. Además del paro de 48 horas que el sindicato realizó en la mayor parte de la industria minera, metalúrgica y siderúrgica, de la movilización con que se solidarizaron con él los más importantes segmentos del sindicalismo independiente (y parte del Congreso del Trabajo), la descalificación al secretario Salazar y la amenaza de un paro nacional si no hay diálogo directo con el presidente de la República (cuyo vocero es activo adversario de Gómez Urrutia), el comité presuntamente depuesto acudió al amparo para revertir la decisión de la STPS.
Y ante la negativa a suspender los efectos del acto reclamado, se recurrió a reunir una convención nacional extraordinaria, autoridad máxima de la agrupación, que se efectuó el fin de semana pasado en Monclova.
Era un hecho indudable hasta entonces que el control real del sindicato lo tienen Gómez Urrutia, su comité nacional y los comités seccionales que permanecieron con él, mientras que a Morales lo siguen apenas unas cuantas secciones (entre cinco y diez, cuando mucho). Después del domingo no queda lugar a la duda. La convención fue citada por dos terceras partes de las secciones y fracciones del sindicato, según lo previene el Artículo 111 y su principal acuerdo fue ratificar a Gómez Urrutia en la dirección sindical, y demandar a la Secretaría del Trabajo que tome nota de ello. En caso de que no lo hiciera, la convención acordó que “ante cualquier asunto de representatividad legal, contractual y administrativa o cualquier otro acto que amerite, el único autorizado para comparecer es el compañero Napoleón Gómez Urrutia”.
Los convencionistas dieron también carta blanca a su dirigente en el manejo de 55 millones de dólares, en torno del cual se han presentado acusaciones penales contra el líder, de que no han surgido órdenes de aprehensión. Lo apoyaron, “sin limitar”, respecto de “todas las instrucciones emitidas por el comité ejecutivo nacional respecto del fideicomiso de fecha 14 de noviembre de 1988, a cargo de la fiduciaria Multibanco Comermex, SNC (hoy Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.) para la extinción del mismo, así como la celebración de convenios en que se incurrió para llevar a cabo la venta de las acciones de la empresa Industrial Minera México S.A. de C.V., que constituían el patrimonio de dicho fideicomiso”.
El apoyo no incluyó el manejo de los 55 millones de dólares resultante de esa venta. El comité de Gómez Urrutia ha informado que más de la mitad de ese dinero ha sido entregado a quien tenía derecho y el resto (salvo más de siete millones de dólares gastados en litigios relativos) permanece en cuentas bancarias del propio sindicato, a las que tendrá acceso una comisión de diputados que a instancias de los propios señalados fue formada ex profeso en San Lázaro.
Los antagonistas de Gómez Urrutia lo acusan de aprovechar para sí parte de esos recursos. Con la misma diligencia con que atendió la remoción de Gómez Urrutia, Salazar debe tramitar su ratificación.
