Después del grotesco espectáculo del Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), cuyos dirigentes, todos miembros de una sola familia (como es casi el caso del Partido Verde Ecologista de México, igualmente aberrante), robaron a los contribuyentes mexicanos cientos de millones de pesos, los partidos de nuevo ingreso en la contienda electoral están obligados a probar que no es la disposición de fuertes sumas de dinero lo que promueve su participación en una batalla que no tienen posibilidades de ganar.
Las dos nuevas formaciones en la palestra, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, deberían ser examinadas con atención tanto por el órgano electoral como por los ciudadanos en cuanto a los recursos de que disponen.
Se ha ido haciendo evidente el siempre supuesto vínculo entre el Panal y el grupo político de Elba Ester Gordillo, incluida la dirección del sindicato magisterial.
La vinculación de Roberto Campa con la ex secretaria general del PRI mientras ella coordinó la bancada tricolor en esta Legislatura es la única explicación de por qué es el candidato presidencial de ese partido, en cuya imaginaria contienda interna ni siquiera participó. En algunas porciones de su gira ha sido recibido por los líderes de las secciones magisteriales.
Siempre que no quepan en los planes y las planillas del PAN, los antimadracistas que se marchen del PRI hallarán acomodo en las listas de Nueva Alianza. Me pregunto, en consecuencia, si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, u otros sindicatos adheridos a la Federación burocrática encabezada en los hechos por Gordillo están aportando recursos a la campaña presidencial y lo harán a la de los candidatos panalescos a senadores y diputados.
Se puede arreglar conforme al estatuto interno del sindicato magisterial que sus miembros reciban apoyo financiero sin importar el partido que los postule. Pero hasta donde sabemos Campa no satisface ese requisito, a menos que con las mismas artes que se le ungió candidato se le haga miembro del SNTE. En Alternativa hay crecientes complicaciones de todo género, que incluyen el manejo del dinero público y acaso el financiamiento privado de que al menos una porción puede valerse. En adelante habrá que llamar sólo Alternativa a este partido, cuyo nombre fue abreviado por los hechos, que harán lo mismo con su existencia.
El partido perdió sus apellidos, pues los líderes de la columna socialdemócrata expulsaron a los dirigentes de la columna, y éstos harían lo mismo con sus oponentes si la secuela judicial de la expulsión los pusiera en condición de hacerlo.
Ambas partes se imputan manejo indebido del dinero que el IFE les ha ministrado. Los partidarios de Ignacio Yris, originalmente vicepresidente de la organización que apenas ha cumplido siete meses de vida y ya se cae víctima de vicios viejos, ha denunciado el uso de recursos partidarios para la campaña interna que la precandidata única, Patricia Mercado, empleó para convertirse en aspirante formal.
Los partidarios de la candidata, encabezados por el presidente del partido, Alberto Begné, a su vez reprochan a sus contrincantes (y convirtieron el reproche en denuncia ante la autoridad electoral administrativa) el haber distraído partidas a las que tuvieron acceso porque en el reparto de posiciones negociado a la hora de integrar el partido tocó al ala campesina el estratégico manejo de la tesorería.
Un perplejo IFE sólo ha atinado a suspender las ministraciones, a pedido de la porción socialdemócrata. Ello no obstante, la candidata sigue en gira aunque no dispone del financiamiento público, lo que obligará a la autoridad a examinar con detenimiento los recursos gastados en estas semanas.
El doctor Simi, por su parte, fue candidato del ala campesina de Alternativa y tras el tropiezo de ésta se ostenta como candidato ciudadano, una categoría inexistente en la legislación electoral, como para su infortunio lo supo Jorge G. Castañeda, pionero en la utilización de ese marbete (que luego fue utilizado por Beatriz Paredes hasta que los plazos formales del proceso capitalino la forzaron a reconocerse priista).
Creyente en su sagacidad, que es realmente la de su asesor Víctor García Lizama, su tocayo González Torres cree haber puesto en un brete al IFE al demandar que cuando se realicen el escrutinio y cómputo en las mesas electorales se haga constar el número de votantes que sufragó por el candidato ciudadano.
En las boletas electorales se reserva un espacio para que los ciudadanos puedan votar por “candidatos no registrados” (artículo 205, 2, j) y se prevé que al cabo de la jornada electoral se anoten por separado en el acta, como una categoría que se añade a la de los votos válidos y los votos nulos los “emitidos a favor de candidatos no registrados” (230).
Pero la Ley no obliga, y en la práctica nunca ha ocurrido, a detallar el número de esos votos emitidos a favor de persona determinada. En el pasado menudearon los votos de esa naturaleza. Algunas veces fue organizada su emisión a favor de aspirantes postulados por partidos ajenos al sistema (como Ramón Danzós Palomino en 1964 o Valentín Campa en 1976).
Otras veces fueron significativos los que evidenciaban burla o protesta (como los depositados a favor de Cantinflas). En todos los casos sólo se conoció la cifra total de no registrados, no cuántos se depositaron a favor de esas personas. Sí plantearía un problema a la autoridad el Dr. Simi si judicialmente demanda saber el rendimiento de su gasto de campaña.
