De siempre, la emancipación de las entidades federativas se ha visto mermada ante la supremacía del Gobierno Federal. En los discursos de los políticos suena bien citar que existe una integración derivada del pacto federal. Ya hubo en este país, en el siglo XIX, una disputa entre federalistas y centralistas. En el primer caso, se aplica al sistema de varios Estados que, rigiéndose cada uno de ellos por leyes propias, están sujetos en ciertos casos y circunstancias a las decisiones de un Gobierno central. En el centralismo ocurre exactamente lo contrario, existe un control político y económico por parte de una metrópoli. El coahuilense Miguel Ramos Arizpe (1775-1843), artífice, propulsor y defensor del federalismo en México, redactó el Acta Constitutiva de la Federación, que aprobó la asamblea del soberano Congreso Constituyente el 31 de enero de 1824. La adopción del sistema federal encendió la pasión de los conservadores, desatando levantamientos. Su doctrina era el centralismo. Los liberales, a su vez, se identificaban con el federalismo, sustentando la teoría de que las provincias confiaban más en sí mismas que en el gobierno central para obtener la mayor suma posible de libertades.
Durante años se ha tratado de que los estados de la federación conserven una sana distancia que permita, no sin ciertas limitaciones, autogobernarse. Limitaciones que durante los gobiernos anteriores se acentuaban hasta desaparecer la libre autodeterminación de los estados. Los recursos eran administrados por el Gobierno Federal de tal manera que le permitía un efectivo control de las autoridades estatales. Esa manera de hacer las cosas no ha desaparecido del todo en el siglo XXI. Dicen los entendidos que para ejemplo basta un botón. Les daré dos. Aquí en el estado de Coahuila tenemos un gobernador que tiene la ventaja de darse cuenta cabal de cuales son sus atribuciones y no se anda con retruécanos al encarar a altos funcionarios de la Federación, considerando que por encima de los melindres políticos esta el cumplimiento de las funciones que le encomendaron sus conciudadanos. Está conciente de que el federalismo es un sistema republicano de Gobierno que tiene como base la potestad interna de estados que integran la federación.
Es por eso que no se comprende como el Gobierno Federal, retiene recursos que fueron autorizados por la Cámara de Diputados federales, para realizar determinadas obras sociales en Coahuila. No lo sabemos con absoluta seguridad, pero no se necesita ser adivino para darnos cuenta de que hay un enfriamiento en las relaciones Gobierno del Estado y Gobierno Federal, que da lugar a una demostración de desafecto del régimen foxista. Aclararé que no por el asunto de la mina de Pastas de Conchos, repudiando el quehacer de un alto funcionario de la Federación, afirmando que en la explosión donde murieron 65 trabajadores hubo negligencia y corrupción, lo que para los políticos es ¡pf! pecata minuta, si no por que aplicando un libre criterio, enraizado profundamente en la autonomía de que deben gozar las autoridades locales, se negó a firmar un comunicado con el que se pretendía apoyar el muy discutible triunfo, hasta ese momento, de uno de los dos candidatos a la Presidencia de la República. Eso en cuanto a recursos económicos. Después, aduciendo que no se ha hecho justicia en el caso de que, como se presume, se haya tratado de soldados, que irrumpieron en un burdel atacando con brutalidad a las mujeres ahí asiladas, el Ejecutivo Estatal pidió que fuese el fuero común y no el federal el que se encargara de investigar, reprobando con severidad el suceso. Lo que se intuye tuvo la consecuencia de que los elementos de las fuerzas armadas se retiraran de la entidad, dejando a los coahuilenses a merced del crimen organizado.
Me pregunto ¿qué culpa tiene el ciudadano común para sufrir las consecuencias de la protesta de un mandatario estatal? En el estado de Coahuila ¿qué pasa si no llegan los fondos federales y si el Ejército nos abandona a nuestra suerte?, ¿por qué se tiene que afectar a los coahuilenses, suponiendo que sea el síntoma de una revancha contra autoridades locales, por no agachar la cabeza ante los señores del gran poder? La verdad es que los dineros que envía la Federación a los estados no son para el bolsillo personal de los gobernantes, si no, en el caso de Coahuila, para el desarrollo de la infraestructura carretera que beneficia al total de los coahuilenses. El repliegue militar desalojando los puntos de revisión carretera y la vigilancia en los aeropuertos de Saltillo, Monclova y Piedras Negras, ¿ayudará a vivir en paz a los coahuilenses? Estoy casi seguro que el presidente Vicente Fox, una vez enterado de este asunto, sabrá cómo ponerle remedio, pues su vocación democrática está ampliamente demostrada. El pueblo de Coahuila no tiene por qué pagar los platos rotos en las diferencias entre el Gobierno Federal y el Ejecutivo local, si es que las hay. Véase si no, al rechazar el uso de la fuerza pública contra quienes atentan en el DF contra las vías generales de comunicación, la Presidencia de la República, dijo: no vamos a atropellar el federalismo en este país.
