Si el todavía gobernador de Puebla, Mario Marín, supuso, con la simplonería con que desde el poder suele medirse a la opinión pública, que en el transcurso de algunas semanas amainaría el efecto de los periodicazos en que se expuso la inadmisible maniobra por la cual vulneró el derecho en perjuicio de Lydia Cacho, se equivocó de medio a medio.
Su situación es crítica y se debilita día con día. Ha entrado en colisión con los suyos (o quienes parecían serlo) y está en el blanco de vigorosas acciones jurídicas y políticas que no estará en condiciones de resistir. Se distanció del alcalde priista de la capital, Enrique Doger y tres diputados locales (entre ellos quien era líder de la Legislatura) renunciaron a su afiliación tricolor y por lo menos este último se ha pasado al partido Acción Nacional, que lo hará candidato a senador. Si bien este diferendo está vinculado directamente a la reyerta entre Elba Ester Gordillo y Roberto Madrazo, afecta directamente la defensa del “gober precioso” en el Congreso local, protagonista del eventual juicio político en su contra.
Un importante sector de empresarios, si bien cercanos al PAN y por ello antagonistas del partido de Marín, ha trazado un dilema que no puede ser soslayado: si no se inicia en la Cámara federal de Diputados juicio político contra el gobernador, realizarían un paro de actividades comerciales. No sobra recordar que once consejeras del Instituto de la Mujer, de un total de veinte, se separaron de ese órgano por su silencio inadmisible ante la agresión a Lydia Cacho. Ella misma está en el frente de batalla. No sólo se defiende en el proceso que en su contra permanece abierto en Cancún (a donde fue trasladado después que se puso al desnudo la maniobra de Kamel Nacif de contar con justicia a domicilio), sino que ha iniciado la obligada ofensiva jurídica contra los funcionarios y particulares que la agraviaron, directamente por la vía penal.
Presentó el lunes una denuncia de hechos, “probablemente constitutivos de delito”, según la cautelosa fórmula ministerial, contra el todavía gobernador, respecto del cual pidió, en vista del fuero que lo protege, “abrir la averiguación previa hasta el momento en que sea desaforado o renuncie a su cargo de gobernador”.
También la enderezó contra la procuradora de justicia Blanca Laura Villeda Martínez, la juez quinta penal Rosa Celia Pérez Gonzáles, la agenta del Ministerio Público Rosa Aurora Espejel Prado, los policías José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas.
E igualmente comprende a particulares: Nacif, Hanna Naked Bayeh y el periodista Andrés Becerril, no en su carácter de profesional de la información, pues habría un contrasentido al denunciarlo sino por la cercanía complicitaria que eventualmente mantuvo con el principal acusado. Los delitos señalados en la denuncia son cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias, coalición de funcionarios y violación (en grado de tentativa).
La acusación puede tener la atención simultánea o sucesiva de las fiscalías especializadas de reciente creación, cuyos ámbitos coinciden en el caso de Lydia Cacho, la de delitos contra mujeres y la de ilícitos contra periodistas.
Salvo el gobernador, que para ser llevado a la justicia penal tendría que ser desaforado, todos los demás señalados pueden ser investigados y llamados a comparecer. Aunque se expresan los domicilios de Nacif, para que se le notifique esta denuncia, es seguro que el acusado no se encuentre en ellos, pues ha desaparecido desde que comenzaron a circular las grabaciones de sus amenas (si no fueran tan graves) charlas con media docena de interlocutores, a cuya difusión sucedió la efusión informativa sobre el verdadero talante de un hombre que pretendió engañar asegurando que acusaba a Lydia Cacho ¡en defensa de su honra!
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó su inicial reticencia a averiguar la violación de las garantías individuales de la periodista, lo que sería de suyo grave, si no implicara la protección a redes internacionales de pederastia y comercio sexual infantil. Cierto es que lo hizo ante el pedido reiterado de las dos cámaras del Congreso federal, que pasaron por alto la absurda petición de pruebas con que la presidencia del máximo Tribunal quiso zafarse del asunto y ratificaron su solicitud.
No se ha resuelto que la Corte intervenga, todavía. Apenas se admitieron los requerimientos procedentes del Poder Legislativo, y el pleno de la Corte resolverá el fondo del tema, a partir de un proyecto que debe preparar el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. (Sorprendió que igual tratamiento se dé, sin la renuencia inicial, a la solicitud del Gobierno del Distrito Federal que también pidió echar a andar el mecanismo del segundo párrafo del Artículo 97, en su caso relativo a la magna violación de garantías individuales que implicó el genocidio perpetrado en dos momentos, sólo distantes en el tiempo pero próximos en la sustancia, el dos de octubre de 1968 y el diez de junio de 1971.
Ese artículo constitucional concede a los gobernadores el derecho de pedir la actuación ministerial de la Corte y al admitir la solicitud del jefe del Gobierno capitalino el Tribunal le confirió carácter de gobernador, lo que contradice una resolución de la semana pasada en que negó a la Asamblea legislativa del DF el actuar como si fuera una Legislatura estatal). Pero de eso nos ocuparemos después, porque lo relevante hoy es el avance contra Marín.
