Lo anterior me sirve de entrada para exponer un caso de injusticia que desde 1997 se vive en el poblado El Naranjo, perteneciente al municipio de Santa Clara, Durango. Un grupo pequeño de ejidatarios, poseedor de derechos parcelarios en la Unidad de Riego del mismo nombre que el citado poblado, quien ha sido usuario histórico y autorizado respecto del aprovechamiento del pozo agrícola número uno de la comunidad, para riego de sus parcelas individuales, fue despojado del mismo con lujo de violencia por otro grupo de ejidatarios, con el argumento que hacía falta agua potable para uso doméstico, a pesar que existen a poca distancia otros dos pozos que, de acuerdo a un dictamen emitido por la Comisión Nacional del Agua, son adecuados y suficientes para cubrir las necesidades de la población.
El atropello se cometió desde el 16 de junio de 1997 y a pesar de haber acudido los afectados a muy variadas instancias gubernamentales y judiciales, no se les ha hecho justicia. El día señalado fueron invadidos los terrenos de la parcela ejidal donde se encuentran el equipo de bombeo y las instalaciones eléctricas del pozo número uno de la mencionada unidad de riego El Naranjo, tomando los invasores posesión de los mismos para, a partir de entonces, manejar a su antojo el control y distribución del agua. De esa acción se derivaron serios perjuicios, pues resultaron afectados los sembradíos de frijol, maíz, chile y alfalfa por la falta de agua.
No es difícil deducir el daño provocado a las familias de los ejidatarios despojados, en virtud que únicamente dependen del derecho parcelario y de la producción agrícola resultante del mismo.
Es pertinente insistir que, frente al despojo sufrido, los afectados han seguido los cauces legales para pedir se les haga justicia y lograr la restitución. Como ya señalé, han acudido a diversas instancias gubernamentales y judiciales, donde les han dado la razón e incluso cuentan con una Resolución favorable por parte del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 44, firmada por el magistrado Heriberto Arriaga Garza, según consta en el expediente 564/98.
Si en esa Resolución se establece que los afectados demostraron “con elementos de prueba idóneas y suficientes, ser ejidatarios del poblado “El Naranjo”, de Santa Clara, Durango, así como tener titularidad de parcelas agrícolas y condición de usuarios de la Unidad de Riego “El Naranjo” o pozo número uno del ejido de referencia”, ¿qué ha faltado para la restitución en este caso? ¿Esperan las autoridades que la gente se haga justicia por propia mano, con las impredecibles consecuencias que ello conlleva? ¿Quién va a asumir la responsabilidad?
Me parece que hace falta un ejercicio de autoridad y una decisión política del más alto nivel en el Gobierno del estado de Durango, para que ya no se siga protegiendo a los invasores que incurrieron en la figura de despojo en perjuicio de varias familias que han sido prudentes, casi en exceso, ante las agresiones sufridas. El ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier conoció del caso en su Administración y me tocó ser testigo, en más de una ocasión, de los compromisos de solución que hizo el entonces secretario de Gobierno, licenciado José Miguel Castro Carrillo.
Compromisos que desde luego no cumplió. También la nueva Administración gubernamental que encabeza el C. P. Ismael Hernández Deras ya tiene conocimiento del asunto que venimos comentando. Hay documentos expedidos por la Secretaría de Gobierno, antes de la renuncia del licenciado Ricardo Pacheco, donde se reconoce la validez de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario y se señala la existencia de condiciones para que les sea entregado el pozo número uno a los usuarios que padecieron el despojo. Se hizo el compromiso que la acción restitutoria tendría lugar a más tardar el 15 de diciembre de 2005 y sigue sin llevarse a cabo.
¿Tampoco este Gobierno sabe cumplir con sus compromisos? Como ciudadano duranguense no quisiera llegar a esa conclusión y prefiero apostar a la decisión del señor gobernador del estado de Durango, en el sentido de evitar que siga en entredicho el Estado de Derecho en la entidad o que se siga demorando la elemental aplicación de la justicia. En el caso de “El Naranjo”, el Gobierno de Durango tiene la palabra.
