El uso de la fuerza pública nunca será algo deseable. Pero no existe ningún Estado que pueda cancelar a la fuerza pública. Es un mal necesario en todo Estado-Nación. El debate teórico es muy viejo y rico. Los contractualistas, en particular Hobbes y Rousseau, lo abordaron con brillo. Corriendo el riesgo de toda simplificación, podría decirse que en Hobbes es el miedo a los otros seres humanos lo que lleva a los miembros de una sociedad a buscar la protección de un ente superior capaz de imponer un orden. En Rousseau, en aquel famoso párrafo del contrato social teñido de romanticismo, el hombre cede parte de su libertad -el uso de la fuerza- para ganar libertad.
El Kern de la discusión se centra en ese acto simbólico y mítico por medio del cual los ciudadanos -que lo son por pertenecer a una sociedad- por convencimiento y conveniencia, abdican, renuncian al uso de la violencia. Ese es el pacto. De ahí surge la idea del monopolio de la violencia en manos del estado. Todo estado que se respete defenderá a muerte su monopolio, no puede aceptar violencias paralelas que se perpetúen.
Ese es un lado de la historia. El otro es el que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Cuando un tercero atropella nuestros derechos o, peor aún, cuando atenta en contra del pacto que nos protege a todos, el Estado no sólo está facultado para intervenir, de hecho está obligado a reinstalar el orden. No es una cuestión de voluntad de los gobernantes, no debe serlo. Pareciera que en México esa parte de la vida democrática no terminamos por digerirla. Un ruidoso 13 por ciento se opone por principio al uso de la fuerza pública incluso cuando hay afectados directos. Enfrente está un silencioso 84 por ciento que difícilmente expresará su apoyo público a la autoridad. O sea que ésta siempre sale perdiendo. Quizá la explicación radica en un cuestionamiento histórico a la legitimidad de las autoridades. Quizá también en la memoria del ciudadano pesan el 68 y el 71. La represión como consecuencia de la falta de libertades. Explicaciones puede haber varias, pero el hecho concreto es que la opinión tiende siempre a ser contraria a cualquier uso de la fuerza pública, incluidos actos plenamente justificados. Por ese camino hemos llegado a una muy perversa confusión de lo que debemos esperar de una autoridad.
Arrinconado, el monopolio estatal de la violencia se desdibuja. El Estado se debilita e invita así a nuevos actos violentos. ¿Se vale levantarse en armas cuando se defiende a los indígenas? La respuesta histórica es sí. La Ley especial supuso una especie de amnistía, un olvido de la afrenta contra el Estado -la declaración de guerra- por parte del EZLN. La Ley puede haber sido necesaria, pero el antecedente allí está. ¿Se vale recurrir a armas blancas -machetes- cuando no se está de acuerdo con un acto de la autoridad? Sí, esa fue la señal de Atenco. ¿Se vale tomar violentamente la Cámara de Diputados cuando desagrada alguna Legislación? Sí de nuevo, lo hemos visto en varias ocasiones con caballos y todo. ¿Se vale tomar violentamente una instalación educativa cuando no se está de acuerdo con una elevación de cuotas? Sí. ¿Se vale bloquear carreteras y arterias así se lastime la vida de cientos de miles de personas? Sí. Todo se vale.
La fuerza pública que entró hace dos semanas en Atenco no sólo se excedió en violencia, atropelló derechos ciudadanos y pudo haber cometido delitos muy graves. Pero debemos recordar la otra historia, la de los petardos y bombas Molotov lanzadas contra los policías, la de la saña y crueldad con la que hirieron a varios seres humanos que cumplían con su trabajo. Y también está la historia de los moradores de Atenco, víctimas en todo su derecho de reclamar a la autoridad el restablecimiento del orden básico. El jueves pasado la fuerza pública del GDF impidió los bloqueos enloquecedores de la capital. Era su deber. Se hiere la libertad de tránsito. Lo hizo con profesionalismo. Lo normal en cualquier democracia es que si alguien quebranta el orden y más aún si acude a la violencia sea de inmediato sometido. Ejemplo, mil estudiantes detenidos en Santiago el viernes pasado.
No es discrecional. Es casi una cuestión de reflejos estatales. Si queremos que las discusiones y discrepancias se canalicen por vía pacífica no puede haber concesiones que a la larga facilitan que los violentos se impongan. El pacto social en su origen supone que todos los ciudadanos cancelen el uso de la violencia, no unos sí y otro no. La autoridad está obligada a mantener el orden. Si a alguien no le convence esa parte de ser autoridad, pues entonces que se dedique a otra cosa. Por supuesto que lo deseable es no tener que recurrir al garrote. La fórmula para lograrlo es conocida: ampliación de las libertades y un sistema de representación política eficiente. Por supuesto que siempre será más popular defender a quien fue sometido que a quien somete, pero si de verdad creemos en la democracia debemos ser conscientes de que no se puede premiar a los violentos. Es tanto como minar el piso sobre el que estamos parados. Fortalecer la democracia mexicana también supone terminar con las concesiones a la vía violenta como arma de lucha. Todo se puede: un Estado firme y respetuoso de los derechos humanos.
AAA.- De Ripley: “No me puse a mano con los que encabezan esa institución y por eso nos califican mal”. Aunque usted no lo crea, esa fue la reacción pública de un gobernador frente al Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana.
Quise compartir con los lectores esta joya de la barbarie política. Pobre estado de Morelos.
