Como ya viene siendo tradicional en estos tiempos de persistente ortodoxia, el proceso presupuestal, que en esta ocasión se está viendo modificado por el cambio de Gobierno, confronta a la disciplina fiscal y la supuesta salud de las finanzas públicas, con la complejidad de la realidad económica, política y social, proceso en el cual no han salido bien libradas. La estrecha visión contable-administrativa, con todo y ser importante, exhibe sus limitaciones a la luz de la necesidad de una política económica imaginativa, más comprometida con el desarrollo, por ello más compleja, y, porque no decirlo, que refleje una orientación democrática en la elección de los objetivos y prioridades. Dicho sea de paso, institucionalmente la política económica debe abarcar más que la Secretaría de Hacienda.
En esta ocasión el proceso deberá realizarse en los 25 días que van del cinco de diciembre, cuando se van a presentar a la Cámara de Diputados las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2007, hasta finales del mismo mes, cuando ya deben estar aprobados ambos ordenamientos.
En términos generales, se plantea, una vez más un gasto será austero, menor que el ejercido en 2006, aunque ligeramente superior al propuesto por el Ejecutivo el año pasado, mayor asignación de recursos a gasto social, agricultura y educación. Sin embargo, hay que destacar que el servicio de la deuda sería mayor al diez por ciento del presupuesto.
Una política económica comprometida con el desarrollo, incluso le daría bases de sustentación más sólidas y permanentes a las finanzas públicas y evitaría que las políticas fiscal y monetaria le pongan una camisa de fuerza al crecimiento y el empleo.
Pero como no es así, el presupuesto tiene que ser austero, y además con bases endebles de financiamiento. De cada peso de gasto público, los impuestos financian menos de 50 centavos y el petróleo financia unos 40 centavos. Por ello, una vez más, seremos testigos de una rebatinga por fijar el precio presupuestal del crudo. Los criterios oficiales propondrán un precio de entre 40-41 dólares, mientras que otros pujarán por 45-46 dólares por barril. En todo caso, se tratará de una discusión para repartir, calculo político de por medio, una parte significativa de ingresos provenientes de la venta de un recurso no renovable.
Los ingresos fiscales lógicamente, están en función del crecimiento, por ello se estima que aquellos caerán el próximo año considerando que el PIB podría reducirse de 4.5 por ciento que se estima en este año, a 3.5 por ciento en 2007; ello como consecuencia de la desaceleración de la economía estadounidense. Otra fuente importante de dependencia.
Este es el escenario que ve el equipo económico, encabezado por Carstens, como consecuencia del cual se podría dar una caída en la recaudación fiscal en 2007, por ello el planteamiento de la austeridad del gasto público, ya que sería demasiada audacia proponer algún recorte, más aún que la ortodoxia del FMI sugiere no sólo tener un déficit de cero, sino un superávit.
Este año dicho superávit, por decirlo así, podría ser de entre 0.2 y 0.3 por ciento, apoyado por los ingresos excedentes por el petróleo, estimados en 270 mil millones de pesos.
Así pues, a un pastel cuyo tamaño no crece, todos querrán meterle cuchillo para sacar la mejor tajada, aunque este año como habrá cambio de gabinete, las instancias del Ejecutivo no participarán en la rebatinga, dejando el protagonismo a otras instancias, tal como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), quien demanda integrar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) al presupuesto 2007, mientras que Hacienda ya anunció un recorte del 21 por ciento a este fondo.
Esta organización de los gobernadores, también demanda una nueva forma de distribuir el IVA, en la que a ellos les toque tres puntos de los 15 que cobra la federación.
A la presión del gasto también se le suma el déficit actuarial de los sistemas públicos de pensiones que, según Hacienda, es del 116 por ciento del PIB. Un problema que cada año crece como bola de nieve. En similar situación se encuentran próximos vencimientos de adeudos de los Proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas).
En este contexto, Agustín Carstens, probable secretario de Hacienda, reconoce que es necesario aumentar el gasto público como proporción del PIB, dados los grandes rezagos sociales y en infraestructura, que debe proveer el gobierno. El propio Gil Díaz ha reconocido que hay un margen ligero de maniobra presupuestal.
Este tipo de declaraciones provenientes de personajes emblemáticos de la ortodoxia son interesantes, por lo menos ameritan, como se dice, el beneficio de la duda. Sin embargo sería mucho esperar, ahora sí, la aplicación de una política fiscal contracíclica, pero las circunstancias demandan quitarse el corsé de la ortodoxia, Carstens dice que no abreva más del Consenso de Washington, ¿será? Hay tareas.
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